Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero de 2026 una operación militar significativa en Venezuela, la cual incluyó bombardeos concentrados y la entrada de fuerzas especiales en la capital, Caracas. Este asalto fue anunciado por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, quien proclamó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques a instalaciones militares y estructuras clave en la ciudad.
El contexto internacional de esta operación fue inmediato y controvertido. Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), alertando sobre el bombardeo y abogando por una respuesta colectiva ante la situación. Mientras tanto, el Gobierno venezolano denunció lo que consideró una agresión militar y una violación a la soberanía nacional, amparándose en la Carta de las Naciones Unidas.
Nicolás Maduro, desde la posición de su gobierno, instó a los ciudadanos a resistir y decretó un estado de excepción en todo el país. A nivel regional, diversos líderes hicieron eco de su condena. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Evo Morales, expresidente de Bolivia, también expresaron su repudio a las acciones de Estados Unidos, reafirmando su apoyo a Venezuela.
Las reacciones dentro de Estados Unidos fueron igualmente polarizadas. El senador demócrata Rubén Gallego tachó la reacción del gobierno como vergonzosa, mientras que el presidente argentino Javier Milei se mostró favorable a las acciones de Trump, celebrando lo que consideraba un paso hacia la libertad. Por su parte, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, presentó cargos formales contra Maduro y su esposa, que incluyeron conspiraciones por narcoterrorismo.
La comunidad internacional, en su conjunto, tuvo una respuesta variada. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, consideró inaceptables los acontecimientos. António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que estos eventos establecen un precedente peligroso.
El gobierno mexicano no se quedó al margen. A través de Gerardo Fernández Noroña y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se expresó un rechazo contundente a la intervención militar, reiterando la importancia del respeto mencionado en la Carta de la ONU. La embajada mexicana en Venezuela proporcionó recomendaciones claras a sus ciudadanos que se encontraban en ese momento en Caracas, instando a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.
Sin embargo, la situación generó divisiones incluso en el ámbito político mexicano. Mientras algunos, como el Partido Acción Nacional, se centraron en la crisis humanitaria en Venezuela, otros expresaron su solidaridad con la postura del gobierno federal de Claudia Sheinbaum.
A medida que los acontecimientos se desarrollaban rápida y dramáticamente, la tensión en la región se intensificó, dejando preguntas sobre el futuro de Venezuela y el impacto de la intervención estadounidense. Trump, por su parte, aseguraba que el gobierno estadounidense permanecería en Venezuela para garantizar una transición pacífica y justa, y confirmó el traslado de Maduro y su esposa a Nueva York.
Lo que comenzó como un ataque militar ha convertido a Venezuela en un punto focal de la geopolítica presente, con repercusiones que resuenan más allá de sus fronteras. La comunidad internacional, tanto a favor como en contra de la intervención, observa de cerca el desenlace de este capítulo decisivo en la historia reciente de América Latina.
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