El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión trascendental al revocar una sentencia que afectaba a los habitantes de un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua. En una resolución unánime, la Corte concedió un amparo que asegura el derecho humano al agua potable para esta comunidad, enfrentando así una de las más persistentes problemáticas sociales en el país.
El asunto, correspondiente al amparo en revisión 377/2025 y bajo la ponencia de Arístides Guerrero García, giró en torno a la legalidad de la decisión de un Juez de Distrito que había sobreseído un caso por considerar que los habitantes no habían demostrado interés legítimo al no presentar comprobantes de domicilio. Sin embargo, la SCJN consideró que este argumento no debía prevalecer ante la urgencia de garantizar a los pobladores el acceso al mínimo vital de agua potable.
La Corte ordenó de manera inmediata a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez la provisión del agua necesaria para cubrir las necesidades básicas de los residentes de este asentamiento, conocido como Los Kilómetros, que ha sido declarado zona de atención prioritaria debido a su falta de infraestructura y servicios básicos. Este grupo de migrantes, que se asentó en la zona desde la década de los 90, lucha por sus derechos fundamentales, en un contexto donde el suministro de agua potable sigue siendo inadecuado y el acceso a servicios esenciales es limitado.
Además, se estableció que a mediano plazo las autoridades deben implementar un programa de infraestructura que incluya depósitos de almacenamiento masivo de agua. Esta medida no solo busca garantizar un suministro constante y asequible, sino también asegurar la distribución equitativa de los recursos hídricos entre la población afectada. La Secretaría de Hacienda de Chihuahua, por su parte, fue emplazada para asignar recursos presupuestales que permitan el cumplimiento de esta sentencia, subrayando la responsabilidad del gobierno en la atención de esta crisis.
La decisión de la SCJN es un paso significativo hacia la reivindicación de los derechos humanos en el país, evidenciando la necesidad de que los sistemas de justicia y administración pública operen en favor de las comunidades más vulnerables. La lucha por el acceso al agua potable no es solo un tema de infraestructura, sino un marco más amplio que abarca la dignidad y supervivencia de millones de mexicanos que habitan en condiciones precarias. En un entorno donde el agua se considera un recurso escaso y vital, esta resolución subraya la imperiosa necesidad de atención y acción por parte de las autoridades para no dejar a ningún ciudadano atrás.
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