ASF denuncia presunta triangulación de 7,200 millones en Nuevo León

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar exigió que se realice una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron responsabilidades penales, tras señalar que los fondos públicos habrían sido transferidos a través de empresas y un despacho jurídico ligado al exgobernador y su padre¹.

Lo que había pasado: En una cobertura anterior, se reportó que la ASF había identificado posibles esquemas de triangulación y simulación de recursos públicos por al menos 728.1 millones de pesos en el gobierno de Samuel García en Nuevo León (ASF detecta posible triangulación de más de 700 millones en Nuevo León).

Qué se sabe de la denuncia de la ASF

La ASF detectó, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, esquemas de triangulación y simulación de operaciones en el gobierno estatal de Nuevo León, encabezado por Samuel García². La denuncia penal fue presentada ante la FGR el 16 de octubre de 2026, a fin de que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales².

Esta segunda empresa habría entregado 385.3 millones de pesos a un despacho jurídico relacionado con la familia de Samuel García, y se identificaron otras tres rutas de transferencias que también terminaban en ese despacho². En total, la ASF detectó que 928.13 millones de pesos habrían sido triangulados hacia el despacho vinculado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro^1, 2.

Exigen investigación independiente y sin privilegios

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar pidió que la investigación sea rápida, exhaustiva e independiente, y que no haya encubrimientos ni privilegios para ningún funcionario, legislador, empresario o servidor público involucrado¹. Ramírez Cuéllar señaló que los recursos públicos deben destinarse al bienestar colectivo y no al enriquecimiento particular o a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos¹.

El legislador recordó que desde octubre de 2025 había advertido sobre el posible involucramiento del gobernador en esquemas de facturación falsa y simulación de operaciones mediante comprobantes de servicios inexistentes¹. Consideró que los señalamientos requieren una investigación que identifique a los beneficiarios finales y determine la legalidad de las transferencias, estableciendo responsabilidades únicamente cuando existan elementos para acreditarlas¹.

Qué sigue en el proceso legal

Tras la denuncia presentada por la ASF, corresponde a la FGR investigar los hechos y, en su caso, determinar si existen responsabilidades penales derivadas de las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos².

Las autoridades deberán esclarecer el destino de los recursos, identificar a los posibles responsables y establecer, mediante los procedimientos correspondientes, si existieron irregularidades en el ejercicio del presupuesto público^1, 2. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades y no se han determinado responsabilidades legales².

Fuentes

Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital. Para ofrecer una visión equilibrada, contrastamos la información de estas otras fuentes:

1. El Heraldo de México ↩
2. SDP Noticias ↩

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