Acuerdos a la carta, empresas sin trabajadores y miles de millones que cada año se esfuman en el medio del Atlántico. Gigantes tecnológicos como Google o Apple, pero también colosos de otros sectores como Starbucks o Ikea, han exprimido al máximo la ingeniería fiscal para rebajar el pago de impuestos. El resultado es sabido: el impuesto de sociedades ha perdido fuelle y la competencia fiscal entre Estados se ha exacerbado. Pero las reglas del juego empiezan a cambiar: tras casi ocho años de negociaciones, finalmente se ha alcanzado un acuerdo internacional para poner freno a estas prácticas.
Más información
El G-20 ha validado este sábado el acuerdo alcanzado en la OCDE para fijar un impuesto mínimo de sociedades a las multinacionales y establecer un sistema para que paguen ahí donde operan, aunque no tengan presencia física. Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, considera que el acuerdo “es un avance desde un punto de vista de principios y teórica, pero es muy malo en la práctica”.
Explica que los detalles técnicos, que no se conocerán por lo menos hasta octubre, incidirán en el alcance de un pacto que de partida considera poco ambicioso: el tipo mínimo es bajo, la redistribución de los derechos impositivos afectará a muy pocas empresas, los Estados tendrán que retirar las medidas unilaterales que ya tenían en marcha, como la tasa Google en España, y es injusto para los países en desarrollo.
Más información
Santiago Díaz de Sarralde, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, también coincide en que hay un “avance” en términos de principios. “Se permite una tributación mínima para evitar la competencia a la baja y el reparto de ingresos ya no se va a basar en la residencia. Desde un punto de vista más práctico se obligará a compartir mucha más información sobre la actividad de las multinacionales, pero la valoración del impacto recaudatorio para cada país es todavía muy difícil de realizar”, matiza.
