En un análisis reciente en un salón del Colegio de México, un panel académico abordó la compleja realidad del sistema de salud mexicano, un crisol desordenado en el que el servicio privado está creciendo de forma silenciosa, sin un plan claro que lo integre al sector público, donde podría hallarse una solución para lograr la equidad en el acceso. Este evento, titulado “Colaboraciones público-privadas en el sector salud mexicano, ¿un camino hacia la equidad?”, tuvo lugar el 28 de agosto de 2025, como parte de una serie de “Diálogos basados en evidencia: sistemas de salud y equidad”, un esfuerzo conjunto entre varios institutos académicos de renombre.
Bajo la moderación de reconocidos académicos, se examinaron las dificultades que actualmente enfrenta el sistema de salud mexicano. Un dato alarmante emerge de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH): entre 2018 y 2024, el número de personas sin acceso a servicios de salud –públicos o privados– se disparó de 20.1 millones a 44.5 millones. Además, el gasto de bolsillo en salud representa un abrumador 40% del total, lo cual empobrece a las familias y está muy alejado del 20% que se registra en naciones como Colombia o Chile.
La “privatización silenciosa”, un concepto introducido por Adolfo Martínez Valle, pone en evidencia que seis de cada diez atenciones de salud son proporcionadas por el sector privado, incluyendo desde consultorios periféricos hasta servicios hospitalarios de lujo. Este crecimiento no ha sido resultado de una planificación estatal, sino una respuesta a las deficiencias en el acceso y la calidad de los servicios públicos.
La doctora Felicia Knaul, economista de la salud y superviviente de cáncer, enfatizó la necesidad de un sistema que combine financiamiento público y servicios del sector privado bajo una regulación adecuada. Ejemplos internacionales, como los de Canadá y Japón, ilustran cómo un modelo bien estructurado puede beneficiar a las naciones con ingresos bajos y medios.
El panelista Adolfo Martínez Valle destacó la ideología que ha guiado las políticas de salud de los últimos gobiernos, subrayando que no se ha priorizado la evidencia. Este enfoque ha debilitado un sector público ya vulnerable, especialmente con iniciativas como el Insabi y el actual IMSS-Bienestar, que carecen de un respaldo financiero sólido.
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se centra en la atención a poblaciones vulnerables, pero ignora el hecho de que el sector privado representa una porción significativa del gasto nacional en salud. La realidad es que la infraestructura privada ya está alcanzando a las bases más vulnerables de la población.
Con una perspectiva más optimista, se sugirieron estrategias como contratos por resultados clínicos, inspirándose en modelos de otros países, que asegurarían una supervisión de calidad a través de organismos reguladores. Es fundamental evitar dicotomías engañosas; los pacientes suelen optar por servicios de calidad, indicando la necesidad de integrar a instituciones no lucrativas que puedan complementar el sistema.
El llamado es claro: se debe transitar de una lucha ideológica a un enfoque centrado en la evidencia. Como comunidad, ya sea desde la academia, el periodismo o la sociedad civil, es vital elaborar un plan concreto que proponga una regulación eficaz y fomenten el uso de tecnología para mejorar el acceso y la eficiencia del sistema.
A medida que el gobierno de Sheinbaum enfrenta estos retos, la colaboración entre los sectores privado y público parece no solo necesaria, sino inevitable, si se desea habilitar un sistema de salud equitativo que no perpetúe las desigualdades existentes. La oportunidad de integrar eficientemente los recursos privados podría constituir la clave para un futuro más justo en la atención de salud en México.
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