El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha manifestado su inquietud por la reciente Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el pasado 9 de julio. Este documento aborda el trágico caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
El Consejo ha subrayado que la recomendación no solo pone de manifiesto estas atrocidades, sino que también incluye un segmento titulado “Incidencia de las organizaciones civiles”. En este apartado, se observa un tono crítico que podría desviar la atención de la responsabilidad del Estado, sugiriendo riesgos adicionales para aquellos que defienden los derechos humanos. La preocupación radica en que esta crítica puede interpretarse como una estigmatización y criminalización de las organizaciones civiles, afectando su labor esencial.
Además, se cuestiona la metodología empleada en la elaboración de esta sección, alegando que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que se basa en interpretaciones ideológicas. Esto genera un malestar considerable, especialmente dado que algunas de las organizaciones mencionadas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, son beneficiarias del Mecanismo de Protección.
El Consejo también ha expresado su alarma por los planteamientos relativos a la transparencia de estas organizaciones. Las referencias al Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían conducir a una persecución fiscal desmedida, lo que representaría un uso indebido del poder público. Este tipo de controles puede generar un ambiente hostil para quienes se dedican a la defensa de derechos humanos.
Por otro lado, se recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que el objetivo del Mecanismo es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de aquellos que enfrentan riesgos por su labor. La CNDH, al formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, tiene responsabilidades claras que deben ser cumplidas con apego a la ley y a los estándares internacionales.
Frente a estas preocupaciones, el Consejo ha instado a todas las instituciones de la Junta de Gobierno, incluida la CNDH, a que cumplan con sus obligaciones según la legislación vigente. Entre sus exigencias, se incluye hacer pública la metodología utilizada para desarrollar la sección sobre la incidencia de las organizaciones civiles en la recomendación mencionada.
Este llamado a la acción resuena en un contexto más amplio, donde la defensa de los derechos humanos se convierte en un tema cada vez más complejo, marcado por tensiones entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones que luchan por la justicia. El camino hacia una protección efectiva y sin riesgos para los defensores de derechos humanos sigue siendo un desafío que requiere atención urgente y un compromiso firme por parte de todas las partes involucradas.
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