En la Cámara de Diputados, se está gestando un cambio significativo en el ámbito laboral: la propuesta de la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Esta legislación busca cerrar la preocupante brecha salarial de género que aún persiste en el país, estipulando nuevas obligaciones para empleadores y organismos públicos.
Impulsada por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna del partido Morena, la nueva norma podría convertirse en un pilar fundamental para la equidad salarial, estableciendo medidas que van desde auditorías de remuneración hasta mecanismos de transparencia salarial. Esta propuesta no es un mero añadido al marco legal existente, sino que busca llenar vacíos que la Ley Federal del Trabajo ha dejado en su implementación. A pesar de que esta última ya contempla disposiciones en contra de la discriminación por género, su efectividad ha sido limitada, y la brecha salarial en la actualidad sigue revelándose como un serio desafío a superar.
Entre las obligaciones que se proponen para los empleadores se destacan varios puntos críticos: garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor, realizar auditorías salariales periódicas y desarrollar planes de igualdad que promuevan la no discriminación. Estas medidas no solo buscan asegurar una compensación justa, sino que también fomentan un ambiente laboral más transparente, donde cada trabajador tiene derecho a conocer sus condiciones salariales y a entender los criterios bajo los cuales se determinan sus remuneraciones.
Además, se establecerá el principio de transparencia salarial, que incluirá registros claros sobre la política de salarios y el derecho de los empleados a acceder a información relevante sobre sus propias retribuciones. Las empresas con más de 50 empleados deberán contar con planes de igualdad salarial obligatorios y podrán obtener un “Certificado de Igualdad Salarial”, un distintivo que valide su compromiso con la equidad.
Otra de las contribuciones de esta ley es que, en caso de que se identifique discriminación salarial, los empleadores estarán obligados a realizar pagos retroactivos a las personas afectadas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asumirá un papel central en la supervisión y cumplimiento de las nuevas regulaciones, encargándose también de realizar estudios anuales sobre la brecha salarial y fomentar la sensibilización en este aspecto tanto entre empleadores como empleados.
La legislación contempla un plazo de un año desde su entrada en vigor para que todas las empresas se adapten a las nuevas exigencias, un periodo que podría resultar crucial para la implementación efectiva de las medidas propuestas.
El contexto actual no es alentador. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que las mujeres tienen un ingreso laboral un 25% inferior al de los hombres, lo que subraya la necesidad urgente de tomar acciones concretas para abordar esta cuestión. A pesar de reformas constitucionales y a la Ley Federal del Trabajo que reconocen la brecha salarial, la necesidad de una normativa más específica y efectiva es indiscutible.
La creación de la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres representa una nueva esperanza para un futuro laboral más justo y equitativo en México. Sin embargo, la implementación de estas medidas será clave para transformar una realidad que, como un dinosaurio que sigue presente, ha perdurado en el tiempo con efectos negativos en la vida de millones de trabajadoras en el país.
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