El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha publicado datos alarmantes sobre el aumento de cadáveres recibidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y las Unidades Estatales (UE) en 2024, con un total de 100,019 cuerpos, un incremento del 5.4% en comparación con el 2023, que registró 94,893. Esta cifra resalta la creciente crisis de violencia y la urgencia de atención en el sistema forense del país.
El informe indica que, al cierre del año pasado, la FGR y las UE tenían pendientes 557,962 solicitudes de intervención pericial. De las 5,069,925 solicitudes admitidas, se concluyeron 4,912,087, quedando un notable rezago de intervenciones en el sistema, especialmente en regiones como el Estado de México y la Ciudad de México.
Particularmente preocupante es el incremento en las solicitudes no culminadas en la FGR, que con 4,978 solicitudes pendientes al finalizar 2024 representa un aumento del 185.9% respecto al año anterior. Las UE también experimentaron un significativo aumento del 142.9%, pasando de 227,593 solicitudes no concluidas en 2023 a 552,984 en 2024.
En cuanto a la naturaleza de los cuerpos recibidos, el informe revela que 16,655 (16.6%) corresponden a mujeres y 81,976 (82%) a hombres, mientras que el sexo no pudo determinarse en 1,388 casos. Los estados que concentraron la mayor cantidad de cadáveres fueron el Estado de México, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México, con cifras que oscilan entre 7,185 y 11,353 cuerpos por estado.
De los cadáveres recibidos, 86,726 (86.7%) estaban en condiciones completas con tejidos blandos conservados. Sin embargo, también se reportaron 3,245 cuerpos completos en estado de descomposición y otros en diversas condiciones, incluyendo restos incinerados y esqueletizados.
El Inegi también destacó las prácticas forenses realizadas; en 2024, se llevaron a cabo 100,047 necropsias, 46,944 fotografías forenses y múltiples análisis toxicológicos y pruebas de lofoscopía. Se registraron 90,539 cadáveres identificados que fueron entregados a familiares, mostrando un incremento del 3.5% respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto tanto el trabajo forense ejercido como la necesidad urgente de mejorar los procesos de identificación.
El contexto de estos datos revela no solo la magnitud de una crisis humanitaria, sino también la presión sobre los recursos forenses del país. La creciente cantidad de cadáveres y el rezago en las intervenciones forenses subrayan la necesidad de reformas profundas y efectivas en el sistema de justicia y seguridad pública.
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