La tensión en el Canal de Panamá se intensifica tras la reciente decisión de la Corte Suprema del país, que declaró “inconstitucional” un contrato que permitía a CK Hutchison Holdings operar los puertos de Balboa y Cristóbal, un acuerdo vigente desde 1997. Esta sentencia, emitida en enero de 2026, ha desatado un conflicto entre la empresa hongkonesa y el gobierno panameño, especialmente en el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.
Ante esta situación, el presidente panameño, José Raúl Mulino, tomó la determinación de que la firma danesa Maersk asumiera temporalmente la administración de estos puertos hasta que se establezca una nueva concesión. Sin embargo, CK Hutchison ha respondido con una amenaza de acciones legales contra Maersk si procede con esta operación sin su consentimiento. En un comunicado, la empresa acusó al Estado panameño de no ofrecer las garantías necesarias para sus operaciones y advirtió de las consecuencias que podría tener la ejecución del fallo en el funcionamiento de ambas terminales, claves para el comercio internacional.
En 2025, casi 10 millones de contenedores transitaron por los puertos panameños, de los cuales el 38% correspondió a operaciones de Hutchison, mientras que el resto fue gestionado por otros puertos con inversión privada de Estados Unidos, Taiwán y Singapur. Para Maersk, que es el principal usuario del puerto de Balboa, la situación es delicada. A pesar de las amenazas de Hutchison, la compañía ha decidido no emitir declaraciones al respecto, refiriéndose a un comunicado en el que su subsidiaria APM Terminals aclaró que no está involucrada en los procesos legales actuales ni en decisiones sobre la gestión futura de los puertos.
La Corte de Justicia fundamentó su decisión en el hecho de que la concesión anterior, renovada hasta 2046, favorecía desproporcionadamente a Hutchison y perjudicaba al Estado panameño. Esta situación ha llevado a Hutchison a impugnar la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional, ubicándose en París, argumentando que ha sufrido “graves daños”.
La modificación de este marco legal ha sido recibida con satisfacción en Washington, ya que el ex presidente Donald Trump había expresado previamente su preocupación por la influencia china en el canal, controlado por Hutchison. En contraste, China ha advertido sobre las posibles repercusiones de la decisión panameña, sugiriendo que el país pagaría “un alto precio” por cancelar la concesión. A esto, Mulino respondió reafirmando la dignidad del país y su resistencia ante cualquier amenaza externa.
Este fallo llega en un momento crucial, ya que Hutchison había iniciado un proceso para vender su participación en los puertos a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares, incluidos los puertos panameños. La importancia de esta vía marítima no puede subestimarse, ya que representa aproximadamente el 5% del comercio marítimo global, un factor esencial en la economía internacional que une a los principales actores comerciales del mundo.
A medida que se desarrolla este conflicto, la atención global se centra en las acciones que seguirán tanto de Hutchison como del gobierno panameño, así como en el impacto que tendrá esta situación en las relaciones internacionales en un contexto geopolítico cada vez más complejo.
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