La base de contribuyentes en México experimentó un modesto crecimiento del 0.97 por ciento en 2025, según el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Este incremento sitúa el total de personas físicas y jurídicas en 87.7 millones, lo que sugiere una continuidad en el apretón fiscal aplicado por el Gobierno, que parece recaer sobre los mismos contribuyentes.
Este crecimiento es notablemente bajo y representa la tasa más baja desde el año 2000, lo que plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema fiscal mexicano. En paralelo, se ha intensificado la fiscalización. El número de actos fiscales terminados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha incrementado significativamente, pasando de 21,572 en 2021 a 47,525 en 2025. Este patrón de revisión continuada se mantiene en los primeros meses de 2026, con 32,557 actos concluidos y proyecciones que sitúan esta cifra en 62,229 para fin de año.
Mario Rizo, socio de la práctica de Gobierno Corporativo de Salles Sainz Grant Thornton, considera que esta desaceleración en el crecimiento del padrón de contribuyentes es alarmante y merece atención. Una base tributaria que no se expande al ritmo que requiere la economía limita la futura capacidad de financiamiento del Estado. Rizo también señala que esta situación pone de manifiesto los retos persistentes para integrar a un mayor número de personas y empresas en la formalidad.
Aproximadamente el 55 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en condiciones de informalidad laboral, lo que significa que más de la mitad trabaja sin acceso pleno a la seguridad social. Aunque la disminución en el número de contribuyentes no necesariamente indica un aumento en la informalidad, refleja las dificultades que enfrenta el país para incorporar a más individuos y negocios en la economía formal.
Rizo identifica cinco factores estructurales que han desincentivado la formalidad en México durante los últimos años: la baja productividad de las microempresas, la complejidad administrativa, los costos asociados a la contratación formal, la falta de incentivos visibles y un crecimiento económico moderado. Para las empresas más pequeñas, la formalización implica cumplir con diversas obligaciones laborales y contribuciones de seguridad social, lo que representa una carga considerable.
La situación actual subraya la necesidad de revisar estrategias que incentiven la formalización y el crecimiento de la base tributaria, así como la imperiosa necesidad de abordar la informalidad de manera efectiva. Mantener una economía saludable y sostenible requiere la participación activa de un amplio espectro de contribuyentes, vital para el financiamiento del Estado y el desarrollo del país. En un entorno donde la fiscalización se intensifica, es crucial encontrar el equilibrio que promueva la inclusión económica sin asfixiar a quienes buscan cumplir con sus obligaciones fiscales.
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Datos basados en información reportada originalmente por reforma.com.






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