No buscamos multas ni sanciones, afirma el SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un giro significativo en su enfoque hacia aquellos que realizan actividades vulnerables en el ámbito de la prevención de lavado de dinero. En un reciente congreso donde se abordaron cuestiones sobre este tema, el administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Castor Álvarez, dejó claro que la intención del organismo no es sancionar o multar a estos sujetos obligados, sino más bien capacitarlos y guiarlos para prevenir malas prácticas.

Álvarez subrayó que el SAT no tiene un objetivo recaudatorio en este contexto. "El sistema de supervisión no va dirigido a recaudar en materia de actividades vulnerables", aseguró, destacando que el papel del SAT es de apoyo y supervisión, alineado con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Durante su intervención, el funcionario enfatizó que los sujetos obligados no son delincuentes ni criminales, sino que, al realizar actividades perfectamente lícitas, pueden involuntariamente convertirse en un vehículo para el delito de lavado de dinero. El enfoque propuesto busca construir confianza en el sistema al promover la autocorrección. "No estamos persiguiéndolos; es un tema de eficiencia y eficacia en la información que nos proporcionan", afirmó. Esta colaboración es fundamental para detectar operaciones con riesgo y fortalecer el sistema de prevención.

Las recientes declaraciones se producen en un contexto donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado nuevas reglas en consonancia con la reforma de 2025 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas reglas ofrecen un marco normativo que promueve una evaluación de riesgos, permitiendo a los sujetos diseñar sus propios métodos de identificación de riesgos y beneficios. Esto incluye el establecimiento de políticas para identificar a Beneficiarios Controladores y Personas Políticamente Expuestas, así como la implementación de sistemas automatizados para el monitoreo de operaciones.

En este marco, el administrador de asuntos jurídicos del SAT, Édgar Antonio Aquiahuatl, hizo un llamado a los sujetos obligados para que realicen auditorías internas con el fin de detectar posibles infracciones. A través de un enfoque de autocorrección, aquellos que se ajusten a las normativas antes de que el SAT ejerza sus facultades de verificación podrán evadir sanciones.

Este nuevo enfoque representa un avance hacia un modelo integral basado en riesgo, involucrando no solo a las autoridades y los sujetos obligados, sino también a todos aquellos que participan en el sistema financiero y de actividades vulnerables. La colaboración es clave, y el SAT busca fomentar un ambiente de aprendizaje y adaptación, donde la información fluyendo entre ambos lados ayude a construir un sistema más seguro y eficiente.

De cara al futuro, la estrategia del SAT no solo busca mejorar el cumplimiento normativo, sino también contribuir a un sistema financiero más robusto y transparente, en línea con las mejores prácticas internacionales y con el objetivo de desincentivar el lavado de dinero. Las semanas por venir serán cruciales para observar cómo estos cambios se traducen en la práctica y qué repercusiones tendrán en el ámbito de las actividades vulnerables.

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