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El reciente aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y bebidas saborizadas ha suscitado gran preocupación entre los dueños de las tradicionales “tiendas de la esquina” y pequeños comercios en México. Este incremento, programado para el año 2026, no solo busca ajustar los precios a la inflación, sino también desincentivar el consumo de productos altos en azúcar, motivado por preocupaciones de salud pública como la obesidad y la diabetes.
En este contexto, los pequeños comerciantes, representados por Cuauhtémoc Rivera, líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, expresan su inquietud. Rivera sostiene que el nuevo gravamen podría impactar gravemente su capacidad de venta, afectando así a más de 60,000 negocios y 120,000 empleos en todo el país. Este escenario podría poner en riesgo el sustento de miles de familias mexicanas que dependen de estos pequeños comercios.
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Con un proyecto de aumento que se traduzca en incrementos de entre 10% y 15%, los precios de las bebidas sufrirán ajustes significativos. Por ejemplo, el costo de refrescos de 355 y 600 mililitros pasaría de 20 a 23.50 pesos, mientras que el litro de refrescos costaría de 1.64 a 3.08 pesos. El aumento también impactará a otras bebidas con azúcares añadidos, incluyendo aguas saborizadas y productos que contengan edulcorantes no calóricos.
Ante esta situación, los comerciantes han planeado diversas acciones para exigir una reconsideración al Gobierno Federal. Entre las actividades destacan un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y su participación en el parlamento abierto de la Comisión de Hacienda.
A medida que se acerca la implementación de este nuevo impuesto, el temor crece entre los pequeños empresarios sobre la viabilidad de sus negocios y la capacidad de compra de sus clientes. La discusión sobre este tema es crucial, pues no solo afecta a los comerciantes, sino también a la economía familiar de miles de mexicanos. El llamado es claro: es imperativo que los legisladores busquen alternativas que no penalicen el consumo y, por ende, la capacidad adquisitiva de la población.
La información presentada se basa en datos revelados hasta el 6 de octubre de 2025 y las consecuencias del aumento del IEPS serán cruciales en el debate económico del país.
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