El gasto destinado a la igualdad entre hombres y mujeres en el presupuesto federal del año 2026 ha sido asignado un incremento significativo del 13.8%, alcanzando un total de 599,145 millones de pesos. Esta cifra, aunque representa un avance en el compromiso del gobierno por fomentar la igualdad sustantiva, revela que casi la mitad de estos recursos se concentrarán en la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, un programa social que ha sido emblemático desde la administración pasada.
De cada 100 pesos que se destinarán este año, 5.9 estarán vinculados a iniciativas que buscan integrar la perspectiva de género en las políticas públicas. La Secretaría de Bienestar será la principal receptora de estos fondos, con un presupuesto específico de 261,776 millones de pesos solo para el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que equivale a 43.7% del total del Anexo 13.
No obstante, el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destaca que, a pesar del crecimiento, persiste el desafío de que el Anexo 13 no solo sirva como un marco para programas dispersos, sino que funcione como una estrategia integral que atienda efectivamente los derechos y necesidades de todas las mujeres. En particular, la asignación de recursos en programas sociales no siempre toma en cuenta una perspectiva interseccional, lo que puede limitar su efectividad en la reducción de las brechas que enfrentan las mujeres en situación de pobreza, así como a las comunidades indígenas y personas con discapacidad.
Además del Anexo 13, este año se introduce el Anexo 31, que promueve la “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. Este nuevo anexo busca establecer las bases para un Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de disminuir las desigualdades de género. Sin embargo, igual que su antecesor, la mayor porción de los recursos disponibles estará bajo la administración de la Secretaría de Bienestar, que recibirá el 36.8% de los 466,674 millones de pesos asignados a este anexo.
Los expertos advierten que el Anexo 31, en esencia, representa una reclasificación de recursos previamente destinados a diferentes programas en áreas como salud, educación y desarrollo social. Este enfoque busca unificar recursos bajo un objetivo común: reconocer que el cuidado es tanto un derecho como una responsabilidad compartida por la sociedad.
Los anexos transversales, como el 13 y el 31, son herramientas presupuestarias que permiten al gobierno identificar y agrupar recursos para temas prioritarios que afectan a diversas poblaciones, asegurando que la atención a estas problemáticas interconectadas no dependa de una sola secretaría. Así, se espera que estos esfuerzos den un paso significativo hacia la construcción de políticas públicas más integrales que aborden eficazmente la desigualdad de género en México.
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