El reciente informe pone de manifiesto el papel crucial que desempeñan los revendedores y corredores en el ámbito de la tecnología del spyware, señalando que se trata de un conjunto de actores “notablemente poco investigados”. Estos intermediarios conectan a los proveedores con nuevos mercados regionales, complicando las conexiones entre vendedores, proveedores y compradores. Sarah Graham, coautora del informe, explica que esta dinámica da lugar a una cadena de suministro de spyware opaca que dificulta la responsabilidad y el seguimiento de las estructuras corporativas y las medidas jurídicas.
A pesar de estos desafíos, los revendedores y corredores no están contemplados en las actuales respuestas políticas ante el problema del spyware. El estudio identifica tres nuevos países vinculados a actividades de spyware: Japón, Malasia y Panamá. Particularmente, Japón es parte de iniciativas internacionales destinadas a combatir el abuso del spyware, incluyendo la Declaración Conjunta sobre los Esfuerzos para Contrarrestar la Proliferación y el Uso Indebido del Spyware Comercial.
La aparición de estas entidades en nuevas jurisdicciones plantea un conflicto potencial entre los compromisos internacionales y las dinámicas de mercado. A pesar de los esfuerzos realizados por la administración Biden para limitar el mercado del spyware, a través de órdenes ejecutivas y restricciones comerciales, la industria sigue funcionando con gran autonomía. La experta Jen Roberts, también coautora del informe, destaca que, aunque se han hecho esfuerzos significativos, hay una brecha crítica entre las políticas de los EE. UU. y la inversión estadounidense que continúa financiando a los mismos actores que intentan frenar.
Un caso representativo es el de Saito Tech (anteriormente Candiru), que ha estado en la lista de entidades del Departamento de Comercio de EE. UU. desde 2021 y ha recibido recientemente inversiones de la firma estadounidense Integrity Partners. Esto evidencia que las señales del gobierno estadounidense no son suficientes para disuadir inversiones en esta tecnología.
Además, hay una falta de conciencia pública sobre cómo parte del dinero invertido en este tipo de tecnología proviene de los propios ciudadanos. Firmas como AE Industrial Partners han recibido el respaldo de varios fondos de pensiones de EE. UU., contribuyendo indirectamente a la proliferación del spyware.
Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de aumentar la comprensión, tanto por parte del gobierno como del público, sobre cómo su dinero podría estar financiando la proliferación y el uso indebido del spyware. Las políticas de la administración Trump en este sentido aún no están completamente definidas. Roberts insta a incrementar las medidas que apunten a la inversión estadounidense en el extranjero y sugiere ampliar el alcance de una orden ejecutiva que ya exige la notificación de inversiones en tecnologías de seguridad nacional para incluir también las inversiones en spyware.
Es fundamental mantener el control y las restricciones sobre el uso del spyware, utilizando el poder adquisitivo de EE. UU. como herramienta clave para limitar y dar forma al mercado global de esta tecnología, protegiendo así a los ciudadanos y la integridad de las políticas de seguridad.
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