La creciente acumulación de poder entre los políticos, en especial aquellos que ostentan la mayoría, plantea un cuestionamiento fundamental sobre la práctica de gobernar. A pesar de las excepciones que desafían este patrón, la historia ha demostrado que el control absoluto tiende a hacer que quienes tienen el poder pierdan el sentido de la legalidad, abriendo la puerta a decisiones desafortunadas que afectan incluso su propia legitimidad.
En un contexto donde no existe una Corte Suprema que actúe como contrapeso eficaz, tanto el poder legislativo como el ejecutivo se han lanzado a la aprobación de diversas iniciativas, muchas de las cuales parecen operar al margen de la legalidad, con la certeza de que quedarán impunes. En el pasado, aunque bajo un autoritarismo notable, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía respeto por las formas y la legalidad, lo que permitía que las decisiones se tomaran bajo un marco de normas establecidas, creando instituciones que muchos ciudadanos consideraban dignas de orgullo.
Recientemente, el Congreso se ha convocado para un periodo extraordinario en el que, lamentablemente, la agenda no estaba claramente definida. La falta de preparación y orden se evidenció por la llegada de propuestas del Ejecutivo en el transcurso de la semana, dejándole a los legisladores poca oportunidad de ofrecer un análisis reflexivo, ya que las iniciativas eran presentadas en la gaceta parlamentaria la mañana misma de su discusión. Este desaseo legislativo cuestiona la seriedad y el propósito de tales decisiones.
Surgen dos interrogantes principales: en primer lugar, ¿por qué esta apresurada necesidad de aprobar leyes sin el debido proceso? En segundo lugar, ¿qué intereses se están negociando en el seno de la coalición en el poder? La prisa resulta desconcertante, sobre todo considerando que, al menos algunas de las iniciativas legislativas, como la posible eliminación de la COFECE y la supervisión de redes y medios de comunicación, no parecen justificar tal apuro.
La cuestión de los intereses que subyacen a esta velocidad legislativa también es motivo de inquietud. En ninguna parte del mundo se ha visto un levantamiento de manos por sí mismo, y la suposición es que hay un intercambio en curso entre las diversas facciones de la coalición que podría desvelarse en breve. Mientras tanto, el ejercicio del poder absoluto y la impunidad con la que actúan los operadores del sistema representarán un modelo preocupante tanto para otras autoridades como para la ciudadanía en general.
La situación actual, que puede describirse como un reflejo de la ambición desmedida, muestra cómo las decisiones precipitadas en el ámbito legislativo pueden tener consecuencias de largo alcance, afectando la confianza pública en las instituciones y el estado de derecho. Esto se convierte en un ejemplo claro para una sociedad que observa y reflexiona sobre cómo deberían asegurar un espacio para la transparencia y el respeto a las normas que rigen el funcionamiento del Estado.
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