La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su creciente preocupación ante una propuesta de reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta reforma, según la organización, podría amenazar el funcionamiento de miles de empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), que son pilares fundamentales de la economía mexicana.
En un reciente comunicado, Coparmex destacó la necesidad de combatir el lavado de dinero y de asegurar la transparencia financiera, elementos alineados con los estándares internacionales. Sin embargo, la confederación advierte que los cambios propuestos en la minuta que está por ser discutida en la Cámara de Diputados podrían resultar en una sobrerregulación que obstaculiza el día a día del sector formal.
La organización subraya su inquietud por la ampliación de las obligaciones que recaerían sobre quienes realizan actividades vulnerables. Esto obligaría a las empresas a conocer y verificar la identidad de todos sus clientes con documentación oficial. En el caso de personas morales, se requeriría recopilar información detallada sobre los beneficiarios, lo que podría desencadenar complicaciones significativas.
Además, la propuesta incrementa el número de operaciones que deben ser monitorizadas y reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como mantiene restricciones sobre el uso del efectivo, lo cual no refleja adecuadamente la realidad del país y la limitada bancarización de varios sectores.
Coparmex advierte que, de implementarse esta reforma, las empresas enfrentarían altos costos operativos que incluirían inversiones en tecnología, capacitación constante y contratación de servicios especializados. Esto representa una carga económica significativa, especialmente para los negocios más pequeños, que podrían no tener la capacidad para absorber tales costos.
Otro punto de preocupación para la confederación son las severas sanciones que podrían derivarse de esta iniciativa, que podrían alcanzar hasta 7.3 millones de pesos o incluso el 100% del valor de la operación. También se cuestiona la eliminación del requisito de probar dolo en ciertos casos, lo que podría conllevar a responsabilidades penales automáticas.
Si bien Coparmex reconoce la importancia de la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas, enfatiza que cualquier nueva regulación debe implementarse con acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad hacia el entorno empresarial. La organización reconoce que muchas unidades económicas registradas como actividades vulnerables aún no cumplen con la legislación vigente, por lo que alerta que la reforma podría, en lugar de mejorar el cumplimiento, fomentar la informalidad o incluso provocar cierres de negocios.
Por último, Coparmex hace un llamado a los legisladores para que el análisis de esta minuta se realice considerando evidencias concretas y fomentando el diálogo con el sector productivo. Proponen un modelo proporcional y escalonado que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs. La confederación apoya el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a expensas de la viabilidad empresarial.
Con el contexto económico actual y considerando la información que nos brinda el ámbito empresarial, resulta crucial que se aborden estos planteamientos con seriedad, para lograr un balance que promueva la transparencia sin sacrificar la operación de empresas que son vitales para el país.
La información corresponde a la fecha de publicación original (2025-06-30 12:56:00), y es esencial seguir de cerca el desarrollo de esta situación para entender el impacto que podría tener en la economía mexicana.
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