La diputada morenista Alejandra Ang Hernández, representante de Baja California, ha sido objeto de controversia tras ser retenida por las autoridades estadounidenses en la garita de Calexico, situada en Mexicali, por un periodo de cinco horas. El motivo de esta detención fue la supuesta falta de declaración de una suma de dinero en efectivo que superaba el límite permitido para ingresar a los Estados Unidos. Aunque la legisladora no ha confirmado el monto exacto, diversos medios de comunicación han apuntado que se trataría de aproximadamente 800,000 pesos.
Los informes indican que Hernández habría ocultado el efectivo en su vehículo, tanto en la parte delantera como trasera, hasta que fue descubierto durante una inspección realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP). En respuesta a la situación, Hernández emitió un comunicado donde calificó la situación como un “error” y aseguró que el dinero era de origen lícito. “No resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo”, expuso en su defensa, añadiendo que se trata de ahorros personales derivados de años de trabajo y de la venta de un automóvil.
Además, la diputada aclaró que su visa no fue revocada a raíz del incidente y enfatizó que el dinero pertenece a ella y a su esposo, César Castro, quien preside el Consejo Estatal de Morena en Baja California y es regidor en Mexicali.
Este episodio se produce en un contexto tenso, marcado por la reciente cancelación de visados a varios políticos y funcionarios mexicanos, una medida que ha suscitado gran atención mediática y generado preocupación en el ámbito político. Uno de los casos más resonantes ha sido el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien también enfrentó la revocación de su permiso, ligada a la misma serie de acciones del Gobierno estadounidense.
El desarrollo de esta situación se sigue con interés, ya que hace evidente las complejas relaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses en temas de migración y control fronterizo. La diputada Hernández ha manifestado su intención de atender el proceso administrativo que le permita aclarar y recuperar el dinero en cuestión, lo que agrega un nuevo capítulo a su carrera política y a la creciente tensión entre ambos países.
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