El debate sobre el etiquetado negro de alimentos en México, que señala el “exceso de calorías, azúcares, sodio o grasa”, ha tomado protagonismo desde su implementación en 2020. Este sistema fue diseñado para abordar la creciente preocupación por la obesidad infantil y adulta, así como para combatir enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, las críticas hacia su efectividad no han tardado en llegar.
Desde su instauración, la falta de métricas claras en el uso del término “exceso” ha sido un punto de discordia. La ambigüedad permite que un producto que exceda un límite en solo 0.5% sea tratado igual que otro que lo haga en un 30%, lo que genera confusión en los consumidores. Este vacío en la regulación ha llevado a cuestionamientos sobre su éxito real en cambiar hábitos alimenticios y la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación.
A lo largo de estos años, el gobierno ha tomado la decisión de prohibir alimentos considerados “chatarra” en las escuelas, una medida que, si bien busca proteger a los más jóvenes, ha dado lugar a la creación de mercados negros. Los niños, en lugar de ser alejados de estos productos, han encontrado maneras de acceder a ellos y continuar su consumo en casa.
El consumo excesivo de azúcares es uno de los problemas más graves de salud en el país, con una ingesta promedio de 50 gramos diarios, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. México ocupa un lugar destacado en el consumo per cápita de bebidas azucaradas, con un promedio de 163 litros al año. Además, el alto consumo de carbohidratos provenientes de alimentos procesados incrementa el riesgo de desarrollar obesidad y otros trastornos metabólicos.
El tradicional pan de dulce, que combina altos niveles de azúcar y harinas refinadas, ha quedado fuera del sistema de etiquetado, lo que ha levantado críticas sobre la equidad en la regulación de la industria alimentaria. Aunque no se pretende demonizar estas tradiciones culinarias, es crucial tomar conciencia de sus consecuencias para la salud.
Para enfrentar esta situación, se proponen alternativas a la prohibición. La regulación de la cantidad de azúcar y la promoción de edulcorantes más saludables podrían ser pasos positivos. Además, es fundamental que las panaderías ofrezcan información clara sobre el contenido nutricional de sus productos, al igual que advertencias sobre los riesgos del consumo excesivo. Estos enfoques han demostrado ser efectivos en otras áreas, como en la publicidad de productos de tabaco.
La clave del éxito radica en complementar cualquier medida regulatoria con una campaña educativa de concientización permanente. Solo a través de la educación se podrán modificar los hábitos alimenticios de la población y, en consecuencia, mejorar la salud pública. La pregunta queda abierta: ¿asumirá la Secretaría de Salud esta vastísima responsabilidad en el futuro?
Este contenido, aunque se basa en datos hasta 2025, invita a una reflexión continua sobre la salud pública en México y el papel que juegan las regulaciones en la formación de hábitos alimenticios saludables. En un contexto de retos permanentes, la búsqueda de soluciones efectivas es más importante que nunca.
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