Los congresos locales de México enfrentan un escrutinio creciente en cuanto a la asignación de sus presupuestos y el gasto por diputado. Según los datos más recientes, correspondientes a 2026, Baja California lidera la lista de los más costosos, con un gasto por legislador que asciende a 48.1 millones de pesos, totalizando un presupuesto de 1,203.3 millones para sus 25 diputados. Esta cifra refleja no solo un dispendio notable, sino también una tendencia preocupante en el uso de los recursos públicos.
Michoacán ocupa el segundo lugar, donde los 40 legisladores locales se han autorizado un gasto de 1,309.1 millones de pesos, lo que significa 32.7 millones por diputado. En Morelos, el panorama no es diferente: sus 20 legisladores se han asignado un total de 637.3 millones de pesos, lo que equivale a 31.8 millones por cada uno. La Ciudad de México, con sus 66 diputados, presenta un gasto total de 1,886.3 millones de pesos, resultando en un costo de 28.5 millones por legislador. Jalisco cierra este grupo con un presupuesto de 1,016 millones para sus 38 legisladores, lo que representa 26.7 millones cada uno.
Estos números son preocupación no solo por el costo elevado, sino por el impacto que tienen en los ciudadanos. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado un “plan B” de reforma electoral, que se presentará al Congreso de la Unión con la intención de reducir estos gastos desmesurados en los 32 Congresos locales del país.
Por el contrario, el análisis también nos revela las entidades con un manejo más eficiente de los recursos. Colima, Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas, por ejemplo, muestran el gasto más bajo por legislador, con cifras que rondan entre 5.1 y 8.7 millones de pesos. Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Quintana Roo siguen en la lista con gastos entre 21.4 y 24.3 millones por diputado, lo que sugiere que es posible una gestión más austera y responsable.
Este contraste entre los congresos más y menos onerosos plantea un cuestionamiento esencial sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos y la importancia de una gestión legislativa más responsable. El reto ahora será ver si las reformas propuestas logran un cambio significativo en la cultura del gasto legislativo a lo largo del país, favoreciendo siempre el bienestar de los contribuyentes.
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