Beatriz Mojica Morga, coordinadora en Guerrero de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al partido Morena en la exigencia de investigar 27 años de presuntos negocios electorales en México. Mojica sostuvo que es necesario transparentar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral y revisar posibles redes de complicidades que habrían operado al amparo de las instituciones electorales durante ese periodo1.
El posicionamiento incluye la demanda de esclarecer quién autorizó y supervisó los contratos, así como identificar a quienes se beneficiaron de recursos públicos, en particular durante los nueve años de Lorenzo Córdova al frente del INE, cuando empresas vinculadas con un mismo grupo habrían recibido contratos por más de dos mil millones de pesos1.
Qué cambia en la fiscalización electoral
La exigencia de Morena y de la presidenta Sheinbaum, respaldada por Beatriz Mojica, busca que se realice una revisión exhaustiva de los contratos otorgados por autoridades electorales locales y federales en los últimos 27 años. Se plantea que las investigaciones incluyan tanto gestiones pasadas como actuales, sin proteger a ningún funcionario ni anticipar conclusiones, y que se determinen responsabilidades conforme a la ley1.
Entre las acciones propuestas está la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la contratación de credenciales para votar, así como la revisión de posibles vínculos entre proveedores y personal del Instituto Nacional Electoral. Además, se impulsa la propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México para asegurar materiales electorales seguros y precios transparentes rumbo a los comicios de 20271.

Quién respalda y quién debe responder
Beatriz Mojica y Morena han señalado directamente a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, exfuncionarios del INE, como responsables de explicar las medidas tomadas durante sus gestiones para evitar la concentración de contratos en un solo grupo empresarial. Mojica añadió que también deben revisarse las administraciones actuales y que la autonomía de las instituciones no debe significar impunidad1.
El respaldo a la investigación se fundamenta en la necesidad de fortalecer la democracia y proteger el trabajo de los ciudadanos y trabajadores honestos que participan en los procesos electorales, según Mojica. La coordinadora enfatizó la importancia de que los recursos públicos destinados a la democracia sirvan al pueblo y no a intereses particulares1.
Qué significa para México
La investigación sobre presuntos negocios electorales tiene impacto directo en la población mexicana, ya que exige transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y contratos relacionados con procesos electorales. Según Beatriz Mojica, esclarecer estos hechos fortalecería la confianza en las elecciones y garantizaría que el dinero público se utilice para el beneficio colectivo y no para intereses privados1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por La Razón de México.






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