El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) enfrenta un panorama preocupante en cuanto a la cobertura de servicios básicos en comunidades rurales de hasta 2,500 habitantes. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y especialistas, se observa una caída sostenida que plantea desafíos significativos para el bienestar de estas localidades.
En 2024, el número de habitantes beneficiados con obras de agua potable alcanzó solo a 44,481, una reducción drástica del 34.9% en comparación con 2018, cuando 68,328 personas recibieron este apoyo. Aún más alarmante es la cifra de 2015, cuando se registraron 247,998 beneficiarios, lo que equivale a una caída del 82.1% en el últimos años. En el área de alcantarillado, 26,279 personas se beneficiaron, lo que representa una disminución del 69.1% desde 2015, aunque se observó un repunte del 68.9% respecto a 2018.
Las cifras preliminares de enero a junio de 2025 indican que Proagua llegó a 37,486 personas con acceso a agua potable, mientras que solo 11,772 fueron beneficiados con alcantarillado. La inversión federal destinada a estos programas alcanzó los 749 millones de pesos, de los cuales 228.2 millones se dirigieron a estados con alta pobreza, beneficiando a 11,736 personas.
Roberto Constantino, directivo de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que, a pesar de que se aprobaron cerca de 2,000 millones de pesos para Proagua en 2025, se había desembolsado menos del 20% de esta cantidad hasta el verano, lo que señala un subejercicio significativo de recursos.
Constantino subrayó que la falta de propuestas técnicas viables de parte de los gobiernos estatales y municipales es un factor determinante en la baja ejecución de los recursos. Las administraciones locales son responsables de presentar proyectos que cumplan con criterios técnicos para poder acceder a estos fondos.
De acuerdo con la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) elaborada por la Unidad de Evaluación de Conagua y el Coneval para el periodo 2020-2021, Proagua enfrenta debilidades estructurales. La alta rotación de personal en organismos operadores y la integración de proyectos con escaso rigor técnico-financiero destacan entre las dificultades más relevantes. Además, las agendas políticas estatales influyen en la priorización de obras, lo que complica aún más la situación.
Entre las recomendaciones se sugiere fortalecer la capacitación técnica y financiera de los organismos operadores, así como contar con una cartera de proyectos viable antes de cada ejercicio presupuestario. Establecer mecanismos que faciliten la priorización de inversiones para atender a las comunidades con mayor necesidad es esencial para revertir la tendencia actual.
Es crucial que se realicen esfuerzos coordinados y efectivos para que estas comunidades puedan acceder a servicios básicos de agua y saneamiento, fundamentales para su desarrollo y bienestar. La atención a este problema no solo es un reto administrativo, sino un imperativo social. La información presentada, aunque precisa para 2025, debería invitar a la reflexión sobre las acciones y estrategias que puedan implementarse para mejorar esta situación en el futuro.
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