El pacto de gobierno alcanzado en Israel por una heterogénea coalición de ocho partidos constituye por múltiples razone un saludable hito para la democracia israelí. En primer lugar porque, de confirmarse la investidura, la coalición representaría la salida del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu tras 12 años consecutivos como primer ministro con un turbio balance; en segundo lugar, porque el pacto revoluciona un negativo estado de parálisis política que ha forzado cuatro elecciones en apenas dos años, agudizando una pésima polarización en bloques. Confluyen en la coalición partidos de la derecha nacionalista, del centro reformista, la izquierda clásica y en un desarrollo sin precedentes y de gran importancia, también una formación árabe.
No hay duda de que la gran mayoría gubernamental, a la vista de semejante heterogeneidad ideológica, tendrá enormes dificultades en su andadura. No hay que descartar que el Gobierno resultante, que estará presidido en un primer periodo por el nacionalista Naftali Bennett y en uno posterior por el centrista Yair Lapid, sea finalmente de corta duración. En caso de supervivencia, no cabe esperar ninguna capacidad de acción sustancial en las cuestiones esenciales del conflicto palestino, acerca del que los partidos aliados mantienen visiones diferentes. Lo razonable es esperar un Ejecutivo centrado en la recuperación económica y poco más.
Pero el simple hecho de que todos esos partidos hayan sido capaces de cristalizar con su acuerdo el convencimiento del importante daño que Netanyahu estaba causando al país y a sus instituciones constituye un elemento de higiene democrática que debe ser celebrado. El mandatario derechista —procesado por soborno, fraude y abuso de poder— ha retorcido hasta el límite el normal funcionamiento institucional del país con el único fin de mantener la inmunidad ante los tribunales. Será bueno para Israel que responda ante los tribunales, y también lo será dejar atrás una acción política que, bajo el espejismo de vender seguridad —de la mano de un real progreso económico—, ha alimentado una peligrosa frustración de la población palestina (que Hamás aprovecha sin escrúpulos) y un dañino deterioro de la imagen internacional del país, ganado a pulso con la profundización de una praxis de ocupación ilegal, con una discriminatoria ley de soberanía y muy cuestionables operaciones militares.
Como han constatado las repetidas elecciones, la sociedad israelí está fragmentada en una miríada de opciones identitarias con planteamientos dispares respecto a la laicidad del Estado, la resolución del conflicto palestino o el papel de la minoría árabe-israelí en la sociedad. Los enfrentamientos entre árabes y judíos acaecidos en diferentes ciudades de Israel durante la reciente escalada entre Israel y Hamás fueron inquietantes. Por tanto, hay que celebrar la llegada de un Ejecutivo formado por sensibilidades tan diferentes que reactive una cultura de diálogo interno, que saque al país de una dinámica de campaña constante que ha exacerbado diferencias y rencores.
Hay que ser realistas. La salida de Netanyahu y la histórica conformación de un Gobierno —pendiente del voto en el Parlamento— tan diverso y con un partido árabe no conllevarán un giro copernicano. Pero es una oportunidad para alejarse de una etapa política oscura y reconsiderar planteamientos que, en contra de lo que sostiene Netanyahu, no han beneficiado a Israel.
