Lo que le ocurrió la semana pasada al bielorruso Roman Protasevich parece un relato de terror. El periodista llevaba desde 2019 sin pisar su país porque estaba en la lista negra de disidentes perseguidos. Ha terminado en la cárcel por tomar un vuelo de Ryanair, compañía europea, entre dos capitales comunitarias, Atenas y Vilna. Cómo iba a saber que en su avión viajaban agentes del KGB y que la dictadura de Lukashenko forzaría el aterrizaje con un aviso de bomba falso. Cuando sobrevolaban Bielorrusia, Minsk activó su cacería haciendo uso de su soberanía sobre el espacio aéreo. Antes de que se lo llevara la policía, Protasevich aseguró que le esperaba la pena de muerte. Piénsenlo: un avión con 120 pasajeros internacionales secuestrado en pleno vuelo por una dictadura. ¿Qué pasará la próxima vez que un activista turco, ruso o chino sobrevuele el país que le persigue? ¿Podría ocurrir esto en un vuelo Tokio-Londres? No es la primera vez que un Gobierno toma el control de un vuelo civil, aunque hay pocos precedentes. En 1956, por ejemplo, Francia desvió un avión marroquí para detener a cinco jefes históricos del Frente de Liberación Nacional argelino.
En las próximas semanas, varios organismos internacionales van a investigar qué ocurrió exactamente. Parece que Bielorrusia incumplió la Convención de Chicago, que prohíbe poner en riesgo a los pasajeros de un vuelo civil, y la Convención de Montreal, porque se alertó a sabiendas de una bomba que no existía. El problema es que esas mismas normas son las que le otorgan a cada Estado la potestad sobre su espacio aéreo. Además, la no injerencia siempre ha sido defendida con uñas y dientes por países que reprimen a la oposición política, como Rusia o China. Ante esto, lo que puede hacer la comunidad internacional es poco. Bruselas ha añadido más sanciones a Bielorrusia. Este incidente la enfrenta a Rusia porque Putin es el gran valedor de Lukashenko, su dictador tapón. La UE también tiene que seguir empujando, avergonzando, presionando a través de las instituciones multilaterales, para ir generando estándares internacionales. Tiene que haber conflictos para que se expanda el respeto a los derechos humanos en el espacio aéreo.
Para la ONG estadounidense Freedom House estamos ante un caso de represión transnacional, como cuando Arabia Saudí encargó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul en 2018. Como aquella, esta es una historia tristísima en la que solo gana un Gobierno represor. El peor parado es el reportero Protasevich. Si sobrevive, cumplirá muchos años de cárcel. Pierden los bielorrusos, que llevan desde 1994 aguantando un régimen brutal y ahora estarán aún más aislados por las sanciones económicas, con menos movilidad y menos opciones. Pierden negocio las aerolíneas. Perdemos todos porque, mientras no se genere otro derecho del espacio aéreo sobre algunas partes del cielo, mandan los sátrapas.
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