La intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia ha revelado un alarmante desvío de 22 millones de litros de combustible en tan solo un mes. Los ministros encargados de la supervisión hicieron las revelaciones el 11 de septiembre de 2026, arrojando luz sobre un sistema de control profundamente comprometido. En una reciente rueda de prensa en La Paz, el ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, destacó que esta cantidad desviada es un claro indicador del estado de deterioro de los mecanismos de supervisión al interior de la ANH.
Los desvíos han sido más pronunciados en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, siendo este último el motor económico del país, que requiere aproximadamente 3 millones de litros de combustible diariamente para satisfacer su demanda. La magnitud de este desvío no solo representa una pérdida financiera estimada en 200 millones de bolivianos (alrededor de 15,8 millones de dólares), sino que su comercialización en el mercado negro podría superar los 400 millones de bolivianos (31,6 millones de dólares).
Durante la primera semana de la intervención, se descubrieron diversas vulnerabilidades en el sistema informático de control de la ANH. Según Justiniano, se identificaron “nueve tipos de vulnerabilidades”, incluyendo la existencia de “puertas traseras” que permitían que personas ajenas al sistema intervinieran sin restricciones en el despacho de combustibles. Esto ha llamado la atención del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien afirmó que los implicados en la alteración de los controles deberán enfrentar la justicia.
Entre los identificados se encuentran no solo funcionarios actuales, sino también aquellos de administraciones pasadas. A pesar de la magnitud de la crisis, Blanco garantizó que el abastecimiento de combustibles está bajo control gracias a una optimización en los procesos de fiscalización. Cabe recordar que la intervención en la ANH se formalizó el 3 de septiembre mediante el decreto 5699 y tiene una duración inicial de 180 días, con opción a una prórroga de 90 días, si las circunstancias lo requieren.
Un día antes de la intervención de la ANH, el Gobierno también llevó a cabo una acción similar sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el mismo período. Esta intervención es supervisada por una comisión que incluye a varios ministerios y a la Viceministería de Transparencia. Según el presidente Rodrigo Paz, la situación se ha generado por años de decisiones que han debilitado los controles de calidad y han suscitado sospechas de irregularidades.
La dependencia de Bolivia de las importaciones se refleja en que el país utiliza el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con gastos semanales que rondan los 90 millones de dólares. Desde 2024, la irregularidad en el abastecimiento ha llevado a situaciones críticas, como largas filas de vehículos que esperan por horas e incluso días para cargar combustible. Las protestas sociales y bloqueos de carreteras han agravado este problema, causando altibajos en el suministro de combustibles en los últimos meses.
Paz ha enfatizado que todos los hallazgos de posibles responsabilidades serán enviados a la Contraloría y al Ministerio Público, reafirmando su compromiso de tomar control de la situación y asegurar el suministro de combustible para todos los bolivianos. La situación actual es un reto significativo que pone de manifiesto la cruda realidad en la administración de recursos críticos en el país.
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