La crisis del combustible en Bolivia ha alcanzado nuevas dimensiones, con el Gobierno denunciando desvíos masivos de recursos vitales. El 11 de septiembre de 2026, se notificó que la intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó el desvío de 22 millones de litros de combustible en un solo mes. Este alarmante descubrimiento ha llevado a la identificación de alrededor de 30 individuos que supuestamente vulneraron los controles de seguridad de la entidad.
El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, enfatizó en una conferencia de prensa en La Paz que estas cifras evidencian “el grado de desintegración de los controles” dentro de la ANH. Los desvíos se han concentrado principalmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, este último vital para la economía boliviana, ya que requiere 3 millones de litros de combustible al día para satisfacer su demanda.
Desde el punto de vista financiero, los 22 millones de litros desvíados equivalen a 200 millones de bolivianos (unos 15,8 millones de dólares). Sin embargo, se estima que la venta de este volumen en el mercado negro podría generar más de 400 millones de bolivianos, cerca de 31,6 millones de dólares. Justiniano también reportó que, durante la primera semana de intervención, se encontraron nueve tipos de vulnerabilidades en el sistema informático de la ANH. Algunas de estas fallas incluían “puertas traseras” que permitían a individuos externos manipular los registros de combustible sin restricciones.
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmo que los responsables de estas alteraciones en los controles “tendrán que pagar sus culpas” ante la justicia. Entre los identificados hay funcionarios del actual Gobierno así como de administraciones anteriores, lo que indica una profunda falta de control institucional.
La intervención de la ANH comenzó el 3 de septiembre, tras la detección de serias “deficiencias” en sus controles. Esta medida, formalizada mediante el decreto 5699, tiene una duración inicial de 180 días, aunque cabe señalar que podría extenderse hasta 90 días adicionales si se juzga necesario. Un día antes, el Ejecutivo también intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) bajo circunstancias similares, supervisada por una comisión de cuatro ministerios junto al Viceministerio de Transparencia.
La situación ha sido crítica en el sector, donde Bolivia importa un 60% de su gasolina y un 95% de su diésel, enfrentando un costo semanal cercano a 90 millones de dólares. Las irregularidades en el abastecimiento han ocasionado largas filas de vehículos esperando por gasolina, un problema que persiste desde 2024.
La estrategia del presidente Rodríguez Paz ha sido clara: restaurar la confianza en el sistema de control. “Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, generando sospechas fundadas de irregularidades. Esto no se corrige con anuncios, sino auditando y exigiendo información completa”, afirmó Paz. Con su carrera política apenas en su décimo mes y con desafíos acumulados durante el mandato, el Gobierno se enfrenta a la necesidad urgente de restaurar el orden y garantizar el suministro de combustible para la población.
Al final del día, será fundamental abordar los hallazgos de corrupción, con el firme compromiso de pasar toda posible responsabilidad a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones, para asegurar que todos los bolivianos tengan acceso al combustible que necesitan.
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