Hasta la semana pasada, los brasileños sabían que Jair Bolsonaro había ejecutado un plan para propagar el coronavirus y asegurar así la “inmunidad de rebaño”, supuestamente en nombre de la economía. Esta parte del plan, está ampliamente documentada. El viernes, el horror adquirió proporciones aún mayores. Dos testimonios en la Comisión Parlamentaria que investiga la actuación del Gobierno durante la pandemia denunciaron una trama para sobrefacturar la compra de la vacuna india Covaxin en un contrato de 325 millones de dólares, que priorizaba una inmunización controvertida en 2021 habiendo sido descartadas otras mucho más sólidas en 2020. Bolsonaro sabría del chanchullo, presuntamente orquestado por el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, un personaje vinculado a otros casos de corrupción.
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Desde entonces, cada madre, cada padre, cada hijo e hija, hermana y hermano se han visto sumidos en la pesadilla de que sus seres queridos podrían haber muerto para que los bolsillos de unos pocos se llenaran de dinero público. La denuncia del diputado Luis Miranda, que es incluso bolsonarista, y de su hermano, Luis Ricardo Miranda, funcionario que coordina la división de importaciones del Ministerio de Sanidad, ha inoculado en la población la sospecha de que los ataques de Bolsonaro a las vacunas de Pfizer y otros laboratorios tendrían el objetivo de beneficiar a la india para poder enriquecerse ilícitamente.
En este caso, la corrupción habría alcanzado lo innominable, al retrasar la vacunación. Según un estudio del epidemiólogo Pedro Hallal, se podrían haber evitado más de 400.000 muertes si el Gobierno de Bolsonaro hubiera aplicado medidas de prevención. Solo el retraso en la vacunación habría acabado con 95.000 vidas. Que el eje de las nuevas denuncias sea la controvertida vacuna india, de Narendra Modi, compañero de exterminio de Bolsonaro, agrava todavía más el escenario.
