La tregua en Argentina por el campeonato del mundo conquistado por la selección de fútbol fue efímera. La Corte Suprema falló el miércoles en contra del Gobierno del peronista Alberto Fernández en la batalla que mantiene con la ciudad de Buenos Aires, en manos de la oposición, por el reparto de los fondos recaudados a través de impuestos y la decisión ha reavivado la tensión política. El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, favorecido por el fallo, anunció que por el aumento de los ingresos municipales eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito. El presidente argentino y algunos gobernadores peronistas criticaron con dureza una sentencia que, a su juicio, refuerza la desigualdad entre las provincias.
El Gobierno central es el principal recaudador de impuestos en Argentina. Parte de esos fondos, los llamados coparticipables, los redistribuye después a las provincias de forma discrecional, lo que lo convierte en una herramienta política. En 2016, Mauricio Macri aumentó por decreto los fondos que recibía la ciudad de Buenos Aires del 1,40% del total al 3,75%, una valiosa ayuda para Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña. En 2019, el peronismo recuperó la Presidencia pero la capital continuó en manos de la oposición y Fernández redujo al 2,32% del total de la masa de impuestos destinada al distrito más rico del país. El fallo de la Corte Suprema es un espaldarazo al gobierno municipal, al que ordena entregar el 2,95%.
“Todos los días, a partir de hoy, deberíamos estar recibiendo los fondos. Es automático, lo que se llama un goteo, no es que tiene que firmar un cheque. Hoy a la noche vamos a saber si lo están cumpliendo”, dijo este jueves Rodríguez Larreta en diálogo con el canal de noticias A24. El alcalde de Buenos Aires se mostró convencido de que el Gobierno acatará la orden judicial porque la Corte Suprema tiene la última palabra, “no hay otra instancia más”.
Macri celebró la sentencia en clave electoral al asegurar que “se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca”. En 2023 hay elecciones generales y provinciales en Argentina y la oposición se ilusiona con un triunfo dada la dura situación económica que atraviesa Columna Digital y la pésima imagen del Gobierno encabezado por Fernández.
“Día aciago”
El presidente argentino acusó el golpe propinado por la Justicia. “Es un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte que genera una gran desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto”, criticó Fernández horas después de la sentencia. El mandatario encabeza este jueves a una cumbre de gobernadores provinciales en la que busca frenar el malestar de muchos de ellos. La decisión judicial puede afectar a los presupuestos de 2023, marcados por la cita en las urnas.
El kirchnerismo ha interpretado la sentencia como una nueva intromisión de la justicia en el terreno político y ha reabierto la guerra contra el Poder Judicial que encabeza la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción, Kirchner los acusó de ser “un Estado paralelo y una mafia” y sus palabras resonaron este jueves en boca de otros dirigentes del gobernante Frente de Todos.
“[El fallo] es un atentado contra el federalismo y contra la democracia”, expresó Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía de Kirchner. “Me parece muy importante que dejemos en claro que la cuestión es democracia o mafia, federalismo o mafia”, agregó el gobernador de la provincia más grande y poblada de Argentina.
El también kirchnerista Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, una de las regiones más pobres del país, está entre quienes se oponen a cumplir con lo dispuesto por el máximo tribunal de justicia. “El Presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”, escribió Capitanich en Twitter. El gobernador chaqueño acusó a los jueces de estar cooptados por el poder económico y pidió un juicio político para que los magistrados “rindan cuentas de sus actos para que nunca más se vulneren principios esenciales”.
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