El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un significativo giro en la política de financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país. Este martes, Bukele presentó un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que establece la imposición de un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las ONG, lo que generará un profundo impacto en el funcionamiento de estas organizaciones.
Este anuncio se produce en un contexto tenso, tras la reciente detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez. Según denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, su arresto ha sido catalogado como “arbitrario”. Henríquez fue aprehendido después de participar en una manifestación en la que se demandaba la intervención del presidente para prevenir el desalojo de unas 300 familias de una cooperativa agrícola en Santa Tecla, a las afueras de la capital, San Salvador.
El mandatario expresó que esta iniciativa permitirá encontrar una “solución real” a los problemas enfrentados por las familias involucradas, aunque no profundizó en los detalles del proyecto de ley. Se presume que su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, es un trámite garantizado, dado que anteriormente había intentado implementar una legislación similar en 2021, aunque esta no llegó a ser discutida.
Las tensiones aumentan con la presencia de un movimiento social en la calle, donde se han reportado disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Durante estas protestas, el pastor evangélico José Pérez, quien lidera la cooperativa en cuestión, también fue detenido, lo que ha generado una ola de condenas internacionales. Amnistía Internacional se ha manifestado a favor de la liberación de Henríquez y Pérez, subrayando que su detención es una violación de su derecho a protestar pacíficamente.
Bukele, en su discurso, responsabilizó a “grupos de izquierda” y “ONG globalistas” de manipular a “personas humildes” en su contra, sugiriendo que su oposición no tiene más objetivo que desestabilizar su gobierno. Este enfoque refleja una tendencia más amplia en la región, donde gobiernos como el de Nicaragua han cerrado más de 5,600 ONG desde 2018, en un contexto de intereses políticos y represiones.
Este contexto en El Salvador resuena no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional, donde se observa un creciente escepticismo hacia el papel de las ONG y su influencia política en los gobiernos. La anunciada ley y la reciente represión a los activistas marcando un punto crucial en la relación entre el Estado y la sociedad civil en el país.
Este artículo se basa en información disponible hasta el 13 de mayo de 2025, y para obtener detalles adicionales sobre el desarrollo de estos acontecimientos, se recomienda seguir las actualizaciones sobre el estado de los derechos humanos y la legislación en El Salvador.
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