SLAPP se concretizan en abusos de derecho que implican altos costes procesales, económicos y personales para quienes las sufren. Debido a su función de vigilancia pública, los periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas e intelectuales son los que están especialmente expuestos al riesgo de ser víctima de demandas estratégicas. De esta manera, las SLAPP representan una amenaza para el debate público pluralista. Por esta razón se dice que los tribunales británicos han permitido que los rusos puedan seguir con constantes ataques violentos y con un sin fin de querellas por difamación a los medios que osaban publicar algo en su contra.
Más de setenta cabeceras de periódicos, así como despachos de abogados, han enviado este martes una carta al ministro británico de Justicia, Dominic Raab, en la que piden al Gobierno que cumpla con la promesa que anunció en sus primeras reacciones ante la invasión rusa de Ucrania: poner fin a ese tipo de abusos en el sistema de justicia del Reino Unido.
El proyecto de ley impulsado por la Coalición Anti SLAPP del Reino Unido
Agrupado por los firmantes de la carta enviada al ministro de Justicia, exige tres respuestas muy simples frente a la estrategia jurídica de los oligarcas: costes mínimos para los demandados, costes elevados para los demandantes —con finalidad disuasoria— y una resolución rápida en los tribunales, para que no se convierta en un modo de congelar durante años cualquier investigación periodística o publicación. “El propósito de esta ley es el de proteger y promover la capacidad de individuos y organizaciones de participar en el debate público, avanzar en la exigencia de responsabilidad, y poder alzar la voz en asuntos de interés público, y evitar a su vez el uso de los tribunales para socavar estos derechos a través de demandas abusivas”, dice el proyecto en su primera disposición.
“El abuso del sistema legal del Reino Unido por parte de individuos poderosos y por intereses particulares para intimidar a periodistas debería ser considerado una vergüenza nacional. El Gobierno británico se ha tomado en serio este asunto por primera vez en una generación, y esta propuesta de ley supone una clara oportunidad para que Downing Street convierta en realidad sus buenas intenciones y apruebe sin retraso las medidas legislativas”, ha dicho la directora de The Guardian, Katharine Viner.
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