Los teléfonos de los abogados constitucionalistas echan fuego durante estos días en México. No hay mañana en que no se les pida una opinión, una aclaración, incluso una certeza sobre el caso Cabeza de Vaca. Gobernador de Tamaulipas, figura de la oposición, Francisco García Cabeza de Vaca se convirtió este miércoles en fugitivo de la justicia federal. Como quien tira un cohete en una iglesia, un juez ordenó su captura por lavado de dinero y delincuencia organizada, después de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La pregunta ahora es si efectivamente puede ser detenido, si la protección de que gozan los altos funcionarios, el fuero, aún le protege y, por supuesto, qué cantidad de interés político alimenta el proceso en su contra.
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La noticia acerca la orden de captura ha generado un gran alboroto en los corredores políticos de la capital. Los ciudadanos eligen un nuevo Congreso el 6 de junio y gobernadores en más de la mitad de los estados. Ruidoso, politizado, el proceso contra Cabeza de Vaca domina y distorsiona la campaña electoral, convertida en un conmigo o contra mí, con el presidente y la Cuarta Transformación o con la oposición, reducida desde presidencia a adjetivos como neoliberales o conservadores.
Este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al caso. Consciente de las acusaciones que le lanza la oposición sobre su intromisión en el trabajo de la FGR, López Obrador ha dicho que el caso Cabeza de Vaca “es una cuestión que está tratando la fiscalía, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones”, ha añadido el mandatario, “no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”.
Sorprende en todo caso la ofensiva de la fiscalía. En febrero, los investigadores informaron de que habían presentado denuncias contra el gobernador, caso extraordinario en un país donde los gobernadores en activo no suelen enfrentar procesos penales. Los altos funcionarios gozan de fuero, protección que solo el poder legislativo puede romper. La fiscalía informó entonces a la Cámara de Diputados sobre sus pesquisas, pidiendo el desafuero de Cabeza de Vaca. Con mayoría de Morena y sus aliados, la Cámara votó a favor. La pelota pasó entonces al tejado del Congreso de Tamaulipas, que decidió rechazar la decisión de la Cámara de Diputados federal. Además, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país, para que hiciera de árbitro.
En la SCJN, el ministro encargado del asunto señaló que el Congreso local actuó dentro de sus atribuciones y constató que los legisladores de Tamaulipas decidieron no quitarle el fuero al gobernador Cabeza de Vaca. Pero no entró al fondo de la cuestión. Luego la fiscalía impugnó el escrito del ministro. Así había quedado el entuerto cuando este miércoles la fiscalía filtró la obtención de órdenes de captura contra el gobernador. Considerado lo anterior, un juez federal había asumido que el gobernador carecía de fuero y determinó su detención.
Ante la noticia, Cabeza de Vaca divulgó un comunicado, rechazando las acusaciones en su contra. “Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores (…) sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en declive”, dijo Cabeza de Vaca. “Como he hecho desde que esta andanada política comenzó, me defenderé ante estas falsas acusaciones (…) Este país no es la nación de un solo hombre”, dijo el gobernador. De momento, el mandatario sigue en libertad, al frente del gobierno estatal.
La politización del caso ha impedido que los actores implicados aborden muchas veces el fondo del asunto, las acusaciones contra Cabeza de Vaca, y abunden en explicaciones sobre tecnicismos del proceso que ahora mismo resultan complicadas de entender, más de interpretar. No queda claro qué conductas del gobernador considera la FGR que son constitutivas de delito. Por filtraciones a la prensa se intuye que la fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de desviar fondos públicos para comprar propiedades.
En un escrito que los investigadores enviaron a la Cámara de Diputados federal hace unas semanas, filtrado igualmente a la prensa, escribieron: “Durante el periodo de 2016 a 2019, el investigado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador del Estado de Tamaulipas, conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio Gobierno de esa entidad con la intención de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos, a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos a través de personas morales, socios y beneficiarios directos para blanquear dichos recursos”.
De manera pública, la Fiscalía informó de que la justicia de Estados Unidos envió información sobre “posibles responsabilidades penales” del gobernador y personas de su entorno, además de datos sobre “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”. Este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó un documento en su habitual conferencia de prensa matutina sobre el caso. Era un oficio del Departamento de Justicia de EE UU, en el que pide información a Hacienda sobre Cabeza de Vaca, por una investigación sobre lavado de dinero. “No hay impunidad”, ha dicho el mandatario, “antes mandaban información así y no se contestaba”.
Los expertos y el fuero
Más allá de la posible detención de Cabeza de Vaca, los tecnicismos entretienen a los expertos, que enfrentan un escenario nuevo, cuyas consecuencias parecen difíciles de prever. Juan Jesús Garza, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que “jurídicamente, la orden de detención no tiene pies ni cabeza. No es normal que un juez gire una orden de aprehensión a pesar de que el tema del fuero no está resuelto”, argumenta, en relación con el choque entre los legisladores locales y federales y el arbitraje fallido de la SCJN. Para Garza, el fuero aún existe. “Es un caso inédito. Por la resolución de la SCJN, por la interposición del fiscal general, Alejandro Gertz, en contra de la resolución de la SCJN, están todos los elementos para afirmar queCabeza de Vaca tiene fuero. Lo que llama la atención es justamente que se haya ordenado su detención. El juez que lo haya ordenado es intrépido, desde luego”, añade el especialista. “Podría señalar que el criterio de la SCJN no es vinculante y el acto del Congreso de Tamaulipas ya no sirve para mantener el fuero. Pero no se me ocurre cómo podría argumentar eso”.
Para el abogado penalista Gabriel Regino, la situación es muy distinta. Regino parte de la decisión del Congreso local de rechazar el desafuero de Cabeza de Vaca. Técnicamente, los legisladores no homologaron la decisión de la Cámara de Diputados federal. “La figura de la no homologación es legalmente inexistente. Ni la Constitución de México ni la de Tamaulipas prevén la no homologación. Por eso, lo que hizo el Congreso local está fuera del orden legal. Es una decisión política, no jurídica”, argumenta.
Eso implica, según Regino, que el desafuero marcado por a Cámara de Diputados prevalece y que no hay problema alguno para que la FGR pidiera una orden de detención y el juez la concediera. “La detención debe ocurrir. Los delitos por los que se libra la orden de aprehensión ameritan prisión preventiva oficiosa. Él puede interponer amparos, puede hacer muchas cosas, pero al final va a tener que enfrentar un proceso penal”, añade.
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