![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Capacitacion-del-Poder-Judicial-en-Michoacan-para-mejorar-sanciones-administrativas.jpg)
El Poder Judicial de Michoacán se encuentra en una constante búsqueda de la excelencia técnica y argumentativa, fomentando así un entorno de capacitación continua para su personal. En este marco, ha dado inicio a un taller titulado “Aplicación Supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”. Este taller, organizado por la Escuela Estatal de Formación Judicial, se desarrollará desde el 22 de mayo hasta el 13 de junio de 2026, con una duración total de 40 horas.
El magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, subraya la relevancia de estas iniciativas de formación. Destaca que una correcta aplicación de la normativa es vital para garantizar el respeto al debido proceso y la fundamentación adecuada de las resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
La jornada inaugural presentó el módulo “Informe de presunta responsabilidad administrativa y calificación de faltas”, a cargo de la Mtra. Jesica Marlene Cortes Espitia, una experta en juicio oral y teoría de la prueba. Este primer encuentro marcó el comienzo de una serie de sesiones que abordarán temas cruciales, como las medidas cautelares y de apremio, el emplazamiento y la depuración durante la etapa escrita, así como la audiencia oral y el desahogo de pruebas.
Mediante este taller, se espera que los participantes adquieran herramientas prácticas que fortalezcan su desempeño en la aplicación de las reglas del procedimiento penal en casos de faltas administrativas. Con ello, se impulsa no solo el crecimiento profesional de los operadores jurídicos sino también el fortalecimiento institucional del Tribunal de Disciplina Judicial, contribuyendo a un sistema de justicia más efectivo y transparente.
La apuesta por la formación continua es clara: con cada módulo, se está cimentando un camino hacia la profesionalización y la mejora de procesos que benefician no solo a los profesionales del derecho, sino también a la sociedad en su conjunto.
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