El diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu (Acapulco, 49 años) cree en el poder sanador de la verdad. Su experiencia con las víctimas del conflicto que enfrentó al Estado colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 1960 y 2016, le ha convencido de que “la entrega de las armas” no cierra heridas en ausencia de “justicia, verdad y reparación”.
Tras 25 años como diplomático en su país y en Naciones Unidas, Ruiz Massieu es desde 2019 el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuyo mandato es vigilar que el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC se cumpla.

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Pregunta. ¿Qué trascendencia tiene este reconocimiento cuando ese tribunal no prevé penas de cárcel?
Respuesta. Estamos ante un hito histórico que responde a una expectativa de la sociedad y del país y satisface a las víctimas, que reclaman conocer la verdad y ser destinatarias de una [petición de] perdón sincero. La aceptación de los hechos cometidos es crucial porque este acuerdo de paz se centra en que las víctimas obtengan verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes.
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P. ¿Es suficiente?
R. Cada víctima procesa de forma individual su dolor y hay que respetar también a quien no puede pasar página. Hay víctimas que solo quieren saber, conocer qué pasó con su familiar en el caso de los desaparecidos. Otras necesitan una petición de perdón y hay otras víctimas que lo que quieren es la no repetición. Ni siquiera aspiran a una reparación.
P. Los detractores del acuerdo creen que se ha intercambiado paz por impunidad.
R. La justicia transicional del acuerdo derriba el falso dilema de que hay que sacrificar la justicia para obtener la paz. Se llega a un acuerdo de paz y se aplica una justicia que a la larga será más beneficiosa para el país porque insiste en la reconciliación más que en elementos punitivos.
P. El Gobierno de Iván Duque trató en vano de modificar el estatuto del tribunal de paz.
R. Lo importante es que, una vez que el Congreso colombiano determinó que la ley no se modificaba, el Gobierno respeta el trabajo del tribunal.
P. La JEP eleva a 6.400 los “falsos positivos” [civiles asesinados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate]. Duque no ha reconocido la responsabilidad del Estado aunque sí lo ha hecho su predecesor, Juan Manuel Santos.
R. El expresidente Santos [ministro de Defensa con los Gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2008, cuando se cometieron la mayor parte de esos asesinatos] compareció ante la Comisión de la Verdad, que no tiene carácter jurídico vinculante. El presidente de la Comisión [el sacerdote Francisco de Roux] invitó también al expresidente Uribe, que no aceptó comparecer ante la comisión pero sí reunirse con el padre Roux.
P. Uribe niega su responsabilidad.
R. Así es.


