Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha descartado la personación de la Generalitat de Cataluña como acusación en el caso Triacom, una línea de investigación derivada del caso 3%, donde se persigue la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). El magistrado respalda así la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó la iniciativa del Govern, ordenada por el propio president Pere Aragonès. “En la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, dice Pedraz en su resolución, en referencia a Junts.
El magistrado añade que el Gobierno autonómico no acredita su condición de parte “ofendida o perjudicada, ni aporta datos para apreciarla”. Esta decisión choca con la postura del Govern, cuyos letrados solicitaron la personación para “defender los intereses” de la Generalitat y tras recibir la “orden” de Aragonés, dictada el pasado 3 de marzo. Según exponía el presidente en una carta enviada al director del gabinete jurídico de la institución, la prensa había publicado “distintos artículos” sobre Triacom que “afectaría a los intereses y a la esfera jurídica de la Generalitat”.
La Audiencia mantiene abiertas unas pesquisas sobre Triacom, una productora audiovisual que trabajó con frecuencia para TV3. Según la instrucción, la compañía vendía los programas a la televisión pública catalana a un precio superior al de mercado. Y, por ello, los investigadores tratan de esclarecer si esta operativa se usó para financiar de forma ilegal al partido de Artur Mas. La formación ya fue condenada en el caso Palau por el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de Jordi Pujol como president y se encuentra pendiente de que se celebre el juicio por la parte principal del caso 3%.
La orden de Aragonès tuvo una gran repercusión en Cataluña. La relación entre Esquerra (ERC), a la que pertenece el presidente, y sus socios de gobierno (Junts) no pasa por su mejor momento. El jefe del Govern no solo puso el dedo en la llaga al colocar el foco en “la presunta financiación irregular de Convergència”, sino que además incidió en que la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA por sus siglas en catalán, del que dependen TV3) podrían “resultar perjudicadas” de las supuestas actividades ilícitas de la formación conservadora.
La condición de “investigada”
No es la primera vez que la Audiencia Nacional se pronuncia sobre el estatus de la Generalitat en estas pesquisas. Cuando Aragonès ya era presidente en funciones, la Sala de lo Penal le retiró la condición de acusación particular en la pieza principal del caso 3%, donde fueron procesadas una treintena de personas por urdir una supuesta red de financiación ilícita del partido mediante la adjudicación de contratos públicos a empresarios que devolvían el favor con pagos encubiertos —presentados bajo la apariencia de donaciones—. Entre los señalados se encuentran cuatro ex altos cargos de Convergència: los exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; y el exresponsable jurídico Francesc Xavier Sánchez. También la propia CDC como persona jurídica y el PDeCAT, como heredero político. Dos fuerzas que se consideran precursoras de Junts.
La Sala de lo Penal consideró que existía un “obstáculo procesal insalvable”, pues la Generalitat “ha ostentado la doble condición: de investigada y acusadora”. Según argumentó el tribunal, aunque la institución no está procesada como organismo, se encuentra “integrada por partidos políticos diversos, entre los que está la antigua Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), formación en torno a la que gira” la presunta trama. Los magistrados incidían, además, que la presunta red corrupta se encuentra formada por “cargos públicos y funcionarios de diversas Administraciones”. Entre ellas, la propia Generalitat, donde se efectuaron registros durante la instrucción.
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