El comisario José Manuel Villarejo Pérez fue detenido el 3 de noviembre de 2017 tras una investigación secreta iniciada por la Fiscalía Anticorrupción unos meses antes. El registro judicial de sus casas y empresas destapó un escándalo que salpica a varias instituciones del Estado, al PP de Mariano Rajoy, al Ministerio del Interior, al rey Juan Carlos I, al Centro Nacional de Inteligencia, a media docena de comisarios, a periodistas y a algunas de las principales empresas del Ibex 35.
La policía halló en el registro grandes cantidades de dinero en efectivo —producto de una herencia y de la desconfianza hacia los bancos, según la versión del comisario—, relojes y bolsos de lujo, varios lingotes de oro, dos decenas de discos duros donde se almacenaban grabaciones de conversaciones con periodistas, políticos y empresarios, agendas donde anotaba sus citas y escribía reflexiones sobre sus contactos, contratos de sus empresas privadas con numerosos clientes, e informes de inteligencia basados en espionajes ilegales. Todo ese material reunía cientos de pruebas de los delitos supuestamente cometidos por el comisario durante más de 20 años de actividad profesional: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales.
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El juez Manuel García Castellón, que inició la causa por los negocios de Villarejo con un empresario vinculado a Guinea Ecuatorial, abrió en cuatro años de instrucción hasta 30 piezas distintas por las actividades del comisario, jubilado en 2016.
Villarejo ha comenzado a defenderse ahora en el primero de los juicios que le esperan. La Fiscalía Anticorrupción le acusa como jefe de una trama empresarial dedicada a espiar y extorsionar a los adversarios de sus clientes a cambio de grandes cantidades de dinero. El comisario jubilado ha aprovechado la ocasión para deslizar desde el banquillo graves insinuaciones sobre diversas instituciones del Estado, fundamentalmente el CNI, y ha intentado ensuciar la imagen de personalidades relevantes, involucrándolas directa o indirectamente en sus gestiones delictivas para clientes privados.
Sus confesiones como principal acusado en este juicio, con derecho a mentir para defenderse, han trasladado la idea de que las andanzas del comisario Villarejo están basadas en una gran falacia.
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