Incentivos fiscales, apoyo a las empresas, mejora de los servicios educativos y sanitarios en los municipios en riesgo de despoblación. Son las medidas de un primer embate legal de Castilla-La Mancha para luchar contra el éxodo de su territorio rural. Para revertirlo, el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page presenta este jueves un proyecto de ley de Medidas contra la Despoblación que el Gobierno regional considera “ampliamente consensuado” y que, con 54 enmiendas aprobadas de un total de 102 presentadas, debatirán este jueves las Cortes regionales.
Castilla-La Mancha no es una excepción en el mapa de la despoblación en España. La sufren otras zonas rurales, que en la región castellanomanchega suponen la inmensa mayoría de su territorio aunque representen una minoría de su población: el 91,9% del total de los municipios acoge tan solo al 30% de los dos millones de habitantes de la región, según se desprende en un informe del Gobierno regional. La nueva ley reúne 118 medidas desplegadas en 75 artículos y traza las líneas para impulsar medidas como incentivos fiscales, apoyo a las empresas, mejora de los servicios educativos y sanitarios en los municipios en riesgo de despoblación. Entre otras iniciativas, se aspira a mantener un centro escolar público en las localidades donde residan al menos cuatro alumnos de educación infantil y primaria. También se potencian los centros de atención primaria para asegurar servicios sanitarios básicos de proximidad en cada zona rural. Y se prevén ventajas fiscales como una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF y del 10% para la adquisición o la rehabilitación de la vivienda. Para incentivar la economía, se proveería de un 40% más de ayudas a autónomos y empresas que se instalen en el medio rural, se impulsa el desarrollo del programa Retorno del Talento Interno para facilitar la vuelta de los castellanomanchegos a las zonas rurales escasamente pobladas y se pretende garantizar el acceso a la fibra óptica y al 5G en todas las localidades de la región.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, explica que se trata de una ley “pionera y transversal porque afecta a la práctica totalidad de las competencias de la comunidad autónoma”. El próximo paso, una vez aprobada esta nueva ley consiste en la construcción de la Estrategia frente a la Despoblación que se está redactando y que ha contado con la participación de 2.078 ciudadanos.
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