El T-MEC, tratado que define las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, mantiene su vigencia hasta 2036, pero con un importante giro: a partir de este año, está sujeto a revisiones anuales. Esta dinámica ha transformado lo que antes se veía como un acuerdo a largo plazo en un contrato que será auditado constantemente, generando una atmósfera de incertidumbre que puede afectar las inversiones en el país.
El año pasado, Estados Unidos presentó un pliego de 54 exigencias comerciales, que este 2026 se ha reducido a 14, permitiendo a los negociadores mexicanos un poco más de margen de maniobra. Sin embargo, las revisiones anuales conceden a EE. UU. la posibilidad de reabrir estas exigencias cada año. Esto implica que el desafío no es tanto la potencial salida de Estados Unidos del tratado, sino la incertidumbre que sobreviene en términos de inversión a mediano y largo plazo.
Las exigencias estadounidenses se dividen en dos categorías: negociables y no negociables. Entre las primeras se encuentran barreras no arancelarias, procedimientos opacos en aduanas y aspectos técnicos relacionados con reglas de origen. México tiene la capacidad para realizar concesiones en estos terrenos sin comprometer su soberanía, como la digitalización de aduanas y la verificación de insumos procedentes de Asia.
Los temas de cumplimiento laboral y propiedad intelectual también caen en la categoría negociable. México ha reformado su legislación laboral desde el inicio de la vigencia del T-MEC, y está en condiciones de aceptar mayor vigilancia sindical, lo que podría mitigar el riesgo de sanciones inesperadas. Estas medidas ayudarían a combatir la piratería y protegerían las marcas y softwares que se exportan.
Por otro lado, las exigencias no negociables están más alineadas con el modelo de Estado impulsado por la administración actual en México. Estados Unidos rechaza las políticas que favorecen a empresas estatales como Pemex y CFE. A pesar de que México podría ajustar algunas normativas, no parece dispuesto a dejar que las revisiones del T-MEC dicten un cambio fundamental en su reforma energética.
Asuntos como el régimen fiscal y la reforma judicial también son considerados innegociables. Permitir que el T-MEC establezca nuevas reglas para Hacienda o los tribunales sería equivalente a aceptar una supervisión estadounidense sobre las instituciones más sensibles de México. Además, el país ha rechazado vincular formalmente la seguridad con el comercio, a pesar de las presiones de EE. UU. en este sentido.
Se anticipa que si un demócrata ganara la presidencia estadounidense en 2028, podría cambiar el tono de las negociaciones, aunque no necesariamente su contenido. Un enfoque menos agresivo en las amenazas arancelarias es posible, pero el consenso bipartidista en torno a un comercio más riguroso y a la contención de China probablemente permanecería intacto.
En 2025, las exportaciones mexicanas a EE. UU. alcanzaron un récord de 534,873 millones de dólares, lo que representa el 83.7% de sus exportaciones no petroleras. Esta dependencia impulsa a México a ceder en aspectos negociables para mantener su acceso a este vital mercado. El próximo encuentro el 20 de julio en la Ciudad de México entre negociadores de ambos países será crucial para determinar cuántas concesiones hará México para proteger su soberanía amid estas presiones.
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