CEDH y Poder Judicial de Michoacán Unen Esfuerzos por Derechos Humanos

El 24 de agosto de 2026, se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y el Poder Judicial del Estado. Este acuerdo, presidido por el ombudsperson Josué Mejía Pineda, tiene como objetivo principal establecer una política conjunta en materia de derechos humanos, fundamental para la garantía de justicia en la entidad.

Durante la ceremonia, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hugo Alberto Gama Coria, expresó su satisfacción por la firma del convenio, viéndolo como una oportunidad para fortalecer la sinergia entre ambas instituciones y llevar sus acciones más cerca de la ciudadanía. Este acuerdo es visto como un hito que permitirá un mejor trabajo coordinado en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños y adolescentes, a quienes se debe atender bajo el principio del interés superior.

Desde antes de la formalización del convenio, ambos organismos estaban colaborando en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, donde se proporciona atención psicológica a infantes, lo que evidencia un compromiso previo en esta dirección. Mejía Pineda enfatizó la importancia de reforzar los esfuerzos en derechos humanos para asegurar que se respeten y defiendan los derechos de todas las personas dentro de las instituciones.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, detalló que el convenio establece las bases para desarrollar actividades conjuntas en áreas como la promoción de derechos humanos, la capacitación, la acceso a justicia y la atención a grupos vulnerables, entre otros. Este aspecto del acuerdo resalta la intención de crear un marco colaborativo que beneficie a la población en su conjunto.

El acto contó también con la presencia de otras figuras clave, incluyendo a Katia Monserrat Figueroa Cervantes y Laura Elena Alanís García, quienes reafirmaron su compromiso con la mejora de la justicia familiar y el acceso equitativo a los derechos.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones no solo se comprometen a trabajar juntas, sino que también se instalan en un marco de responsabilidad compartida que busca construir un entorno más justo y accesible para los michoacanos. Esta colaboración promete ser un paso decisivo hacia la consolidación de una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos en el estado.

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