El futuro del censo nacional de Estados Unidos se encuentra ante un cambio radical que podría alterar drásticamente la forma en que se recopilan y utilizan los datos demográficos. La propuesta presentada el 11 de septiembre de 2026, indica que el censo podría dejar de incluir información crítica sobre raza y etnicidad, además de omitir a millones de inmigrantes, afectando así la asignación de recursos y el mapa electoral del país.
Los cambios labrados por el gobierno federal apuntan a excluir a inmigrantes que viven en el país sin estatus legal, a solicitantes de asilo y a todas las personas sin estatus permanente. A esta exclusión se sumarían la eliminación de preguntas demográficas que han acompañado al censo desde su inicio. Esta medida resuena con intentos previos del ex presidente Donald Trump de añadir preguntas sobre ciudadanía al censo de 2030.
En el diario oficial del gobierno, la Oficina del Censo argumentó que “los extranjeros ilegales, entre otros, no deberían incluirse en el conteo de distribución de escaños, ya que no son verdaderos habitantes ni miembros del cuerpo político”. Además, la agencia ha sugerido que el censo debería ser “imparcial en cuanto al color” y que no se debería distorsionar con preguntas sobre características personales no sustanciales, como la raza. Se contempla, incluso, la posibilidad de eliminar preguntas sobre la comunidad LGBTQ+.
Expertos como Beth Jarosz, vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Datos Públicos, advierten que estos cambios amenazan la calidad de los datos recopilados. “No contar a todas las personas que residen aquí es, en realidad, donde está la verdadera amenaza”, enfatizó. La precisa recopilación de datos censa es fundamental, no solo para una representación política adecuada en el Congreso, sino también para la distribución de recursos necesarios ante emergencias de salud pública y desastres naturales.
Históricamente, el censo se ha realizado cada diez años sin la intención de contar a las personas en función de su estatus de ciudadanía. Sin embargo, los datos recabados, que han permitido identificar tendencias y barreras en comunidades de color, son cruciales para evaluar la discriminación, las tasas de criminalidad y las brechas de riqueza. Estadísticas recientes indican que, para el año 2020, 33,8 millones de personas en Estados Unidos se identificaban como multirraciales, una información que impacta a diversas estructuras sociales y políticas.
Los cambios propuestos plantean un riesgo para poblaciones específicas, como los estadounidenses de origen asiático y de isleños del Pacífico, quienes dependen de estos conteos para defender sus derechos y necesidades comunitarias. Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop AAPI Hate, subrayó que dejar de lado datos demográficos importantes significa que muchos grupos no contarán con la información necesaria para abordar de manera efectiva su salud y seguridad.
“Recopilar datos para el Censo de 2030 sin estos elementos sería perjudicial”, advierte Jarosz. “Se asemejaría a intentar aterrizar un avión en una niebla espesa cuando los instrumentos no están funcionando adecuadamente”.
La complejidad del asunto se revela no solo en la incertidumbre de cómo afectará la redistribución del poder político, sino también en la capacidad de las comunidades para asegurar recursos vitales. La discusión sobre la forma en que se debe llevar a cabo el censo se vuelve, por tanto, crítica en un entorno en el que la precisión de los datos puede determinar el futuro político y social del país.
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