Hace ya 21 meses que una reforma legal impulsada por el Gobierno español maniató al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohibiéndole hacer nombramientos de cargos judiciales mientras esté con el mandato caducado. El resultado es que en este momento un tercio de la cúpula judicial —72 plazas— está vacante (sin magistrado o con uno en funciones) por fallecimiento, jubilación o cambio de destino de los titulares.
El CGPJ desarrolla algunas tareas clave para el correcto funcionamiento de la justicia en España. Entre esas competencias, la de hacer nombramientos de la cúpula judicial (presidentes de audiencias provinciales, magistrados de tribunales superiores de justicia y del Supremo, entre otras) ha sido siempre la más preciada del gobierno de los jueces.
Durante las dos legislaturas del Gobierno de José María Aznar (1996-2004), el CGPJ podía hacer nombramientos por mayoría simple. Eso permitió que en la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzga a la clase política por corrupción, se pasara de un equilibrio entre magistrados conservadores y progresistas a una abrumadora mayoría de los primeros. Los vocales elegidos a propuesta del PP impusieron su rodillo. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004 y José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente, cambió la ley para imponer mayorías reforzadas (de tres quintos) para los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del CGPJ. Y pese a ello, no se pudieron revertir algunas situaciones. Por ejemplo, de los 15 magistrados de la Sala de lo Penal —la que ha juzgado el procés independentista catalán, o la que ha visto los recursos contra las sentencias del caso Gürtel o del caso ERE— solo hay tres de tendencia progresista.
El Gobierno de Pedro Sánchez, tres años después de que caducase el mandato del CGPJ y viendo que el PP insistía en el bloqueo, impulsó la reforma legal para quitar al órgano de gobierno de los jueces la competencia de hacer nombramientos. Pensó que eso forzaría al PP a negociar la renovación. Pero el bloqueo continuó, y a eso se sumaron los efectos de la medida, que fueron deteriorando el funcionamiento de la justicia.
El veto legal a los nombramientos de altos cargos ha ocasionado ya graves daños en la administración de justicia y no ha resuelto, como pretendía el Ejecutivo, el problema del bloqueo que el PP impone desde hace cuatro años para la renovación de este órgano. El último recuento actualizado de la situación señala que hay 72 plazas de magistrados (entre audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) sin renovar por el veto legal vigente, lo que significa un tercio de la cúpula judicial en España.
De esas vacantes sin cubrir, las que más preocupan son las 19 del Supremo, producidas por fallecimiento o jubilación del magistrado. En el resto de instancias judiciales, la no renovación implica que el magistrado que ostenta la plaza sigue ejerciendo en funciones. Pero en el Supremo esas vacantes no se cubren de ninguna manera. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, con 11 magistrados menos (incluida la salida del presidente, César Tolosa, tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional), se dictan cada año un 25% menos de sentencias, precisamente por esa falta de magistrados.
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