Un colegio de Iquique (Atacama, norte de Chile) suspendió esta semana las clases después de que la directora y los profesores recibieran amenazas de muerte. Un grupo de jóvenes les exigió a través de Instagram que reincorporaran a alumnos expulsados. En las imágenes subidas a la red social aparecían armas de fuego dentro de las aulas. A mediados de abril, un estudiante de 18 años fue detenido en Santiago por publicar un vídeo en Youtube en el que advertía una “masacre escolar”. En Talcahuano, a 500 kilómetros al sur de la capital, la madre de un alumno apuñaló por la espalda a un profesor a plena luz del día en un establecimiento educativo.
Desde el inicio del año escolar chileno, el 2 de marzo, el retorno obligatorio a las clases presenciales ha estado marcado por graves episodios de violencia y un aumento del 38% en las denuncias por maltrato entre estudiantes -comparado con la misma fecha en 2018-2019-, según datos de la Superintendencia de Educación. Los expertos achacan el alza al prolongado cierre de los colegios durante la pandemia (77 semanas, similares a los vecinos de la región; el promedio mundial fue 38, según Unicef), lo que habría profundizado la falta de desarrollo de las prácticas sociales y la tolerancia entre los pares y frente a las autoridades.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha reconocido que fue una equivocación mantener tanto tiempo las clases remotas. En septiembre del año pasado, un grupo de congresistas afines a Gabriel Boric, incluida la actual portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, presentó una acusación constitucional contra el entonces responsable de Educación, Raúl Figueroa, por promover el retorno a las aulas sin establecer las “medidas de protección” necesarias para la comunidad educativa, por lo que había infringido “el derecho a la integridad física y psíquica de las personas”. La acusación no salió adelante.
“La falta de socialización de dos años fue muy grave, afectó”, sostuvo Ávila, que le achacó al Gobierno anterior un retorno “abrupto” a los colegios. María Teresa Romero, que fundó Escuelas Abiertas en marzo de 2021, explica que durante el segundo semestre del año pasado se estableció un retorno voluntario a las aulas, pero que no fue exitoso: “Vimos casos en que los niños asistían solo dos veces a la semana. Algunos alcaldes y políticos fueron reacios a abrir los colegios”. El pasado octubre, la mayoría de las escuelas estaban abiertas, pero más de la mitad de los alumnos no iban porque sus padres no los enviaban, principalmente por miedo, según un estudio del ministerio y las principales universidades del país.
“Las familias van aumentando la confianza con el tiempo”, apunta la académica Susana Claro, de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica (PUC). “Nos quedaremos sin saber qué hubiera pasado si hubiéramos abierto antes y con menos campaña del terror. Recordemos que cuando bajaron los contagios, el presidente del Colegio de Profesores apeló al peligro de otros virus si asistían a clases presenciales”, señala. Carlos Diaz, presidente del Colegio de Profesores, defiende que la determinación de la comunidad educativa, impulsada por los profesores, “pero además por los padres, permitió que se salvaran muchas vidas”.
La semana antes del retorno en marzo, Díaz sostuvo que el regreso de los alumnos estaba “destinado al fracaso si no se cambia el protocolo sanitario”. Para entonces, la proyección indicaba que más del 90% de los niños entre 6 y 17 años tendrían dos dosis de la vacuna. Christian Berger, subdirector de Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología de la PUC, y uno de los 13 expertos que asesoran al ministerio de Educación en temas de convivencia, señala que “más que buscar responsabilidades, tenemos que hacer una buena lectura de cómo avanzamos”. ”Durante dos años los estudiantes dejaron de practicar y aprender cómo relacionarse con otros. Fue un formato de relación individual, inmediata, sin desarrollar la tolerancia. Hay mucha inseguridad psicológica, tienen que volver a instalarse con compañeros, volver a sentirse buenos estudiantes, a ser parte de una comunidad… mientras no tengamos una base psicosocial, no van a poder aprender”, plantea Berger.
En un intento por quitar presión al alumnado, el ministerio de Educación ha anunciado que este año no se realizará la prueba de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), criticada por el Colegio de Profesores por considerar que provoca una presión por los rankings y por los incentivos económicos por rendimiento. “El Simce es muy importante porque permite adoptar políticas públicas”, sostiene Berger. “El problema es para qué y cómo se usa. En algunos casos puede generar competitividad. Entonces el problema no es la medición, sino el sistema educativo”, plantea. Una de las promesas de campaña de Boric fue eliminar la prueba de manera definitiva.
El ministerio de Educación lanzó este martes un programa para atender la “crisis y convivencia escolar” en las 60 comunas -de las 346 existentes- que presentan mayores episodios de violencia. La propuesta incluye el fortalecimiento del programa de salud mental, un plan nacional de tutorías, una estrategia de lectura y escritura, y una inyección económica para reparar la infraestructura de los establecimientos públicos en riesgo de suspensión total o parcial por problemas que van desde fallos eléctricos hasta malas condiciones de seguridad.
La propuesta para hacer frente a los episodios de violencia contempla un presupuesto de 1,7 millones de dólares. Romero, de Escuelas Abiertas, celebra la estrategia, pero cree que la cifra es insuficiente. Otro factor que le preocupa es que el ministerio ya advirtió que se van a adoptar medidas de distanciamiento y/o diferenciación de jornada a fines de mayo si los cursos no cumplen el umbral del 80% de los estudiantes vacunados. “Por lo tanto, ¿será posible realmente la recuperación de conocimientos, la reactivación y hacerse cargo de la salud mental de alumnos y profesores si se ve un escenario en que tendremos que retroceder en la presencialidad?”, cuestiona la profesora.
Este martes se reunieron padres de alumnos de distintos colegios con autoridades municipales para armar una propuesta. El presidente de la asociación de municipalidades, Gustavo Alessandri, adelantó que la próxima semana van a presentar al ministerio de Educación un plan para establecer “consejos escolares” integrados por los presidentes de centros de padres, de alumnos y de curso. “Tenemos que trabajar en conjunto con los padres para disminuir la violencia en los establecimientos. Revisar con las familias los factores que están provocando estos hechos y preocuparnos de la víctima como del victimario”, afirma.
La violencia en los colegios no comenzó en marzo. En 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera sacó adelante una controvertida ley llamada ‘Aula Segura’ para hacer frente a esta problemática. La normativa permite expulsar a los alumnos que lleven algún tipo de arma, cometan algún tipo de agresión o causen “daños en la infraestructura”. Díaz, del Colegio de Profesores, considera que “criminaliza el movimiento estudiantil” y que los problemas que arrastra Columna Digital en esta materia deben “resolverse con más educación, no con más policía”.
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