Chile vive este domingo una jornada electoral que marcará su destino durante las próximas décadas. A casi tres años del estallido social de octubre de 2019 que abrió paso a un proceso constituyente, unos 15,1 millones de electores están convocados obligatoriamente a las urnas para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. El texto, redactado por una convención elegida especialmente, busca transformar profundamente la institucionalidad chilena. Tanto, que el resultado no convoca a las grandes mayorías que se esperaban cuando arrancó el proceso, hace casi dos años.
Con aspectos clave como la definición de un Estado social y democrático y la incorporación de nuevos derechos económicos y sociales, la propuesta asegura la igualdad entre el hombre y la mujer en diversos ámbitos y tiene un marcado acento ecológico. Pero posee también aspectos que han dividido a la sociedad chilena. En un país con un 13% de indígenas, los críticos consideran que la introducción del concepto de plurinacionalidad exacerba la identidad de los pueblos originarios. Hay dudas además sobre los cambios en el sistema político, que incluye el reemplazo del Senado por un órgano de menos nivel y un Poder Judicial que pasaría a llamarse Sistemas de Justicia.
Hace dos semanas que no se conocen sondeos, porque la ley prohíbe publicarlos hasta 15 días antes de los eventos electorales. La sociedad chilena está a ciegas sobre el movimiento de las tendencias. De acuerdo a los últimos conocidos, el rechazo estaba entre ocho y 11 puntos por encima del apruebo. Pero los mismos encuestadores han revelado que este margen se estrechó con los días. Los analistas coinciden en que será clave el nivel de participación. Con un sistema de inscripción automática y de voto obligatorio –inédito en Chile– nadie sabe a ciencia cierta si los nuevos bolsones de votantes estarán por aprobar o rechazar la nueva Constitución. “La gran pregunta es cuántas personas van a ir votar entre aquellas que no lo han hecho en las elecciones anteriores, y para eso no tenemos respuesta”, dice Carmen Le Foulon, del Centro de Estudios Públicos. Lo que sí se sabe es que “a más interés en la política y más nivel educativo, más voto por el apruebo. El voto que se preocupa por su futuro económico está más por el rechazo”, detalla.
Cualquiera sea el resultado de esta jornada, se tratará de un fracaso del proceso constituyente nacido en 2019. Hubo una apuesta política para encauzar la desazón ciudadana, la elección de 155 convencionales –en un proceso que ha sido catalogado por sus defensores como el más democrático de la historia de Chile–, el trabajo de un órgano que entregó su propuesta en los plazos estipulados y que, sin embargo, no concita un amplio apoyo ciudadano, como sería deseable de una Constitución. “El rechazo se nutre de muchas fuentes”, explica Axel Callís, analista político y director de la consultora tuinfluyes.com. “La predisposición a votar por el apruebo era enorme en marzo del año pasado, cerca del 80%, pero ante el desprestigio de la Convención se creó la opinión de que nada bueno podía salir de allí. Cuando empezaron los acuerdos la opinión pública no distinguía entre lo que era una norma sancionada, una presentada o una simple moción. Les llegaba todo igual, desde disolver el Estado a cambiar el himno, y eso afectó la reputación de la Convención”, dice Callís.
La disconformidad ante el texto constitucional alcanzó incluso a algunos sectores de la centroizquierda. “Las constituciones necesitan de general aceptación y a sus reglas acudimos para salvar nuestras diferencias. Una constitución no puede ser partisana”, escribió el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) a comienzos de julio para pedir a la clase política que el proceso continuara tras el plebiscito. Lagos dio vuelta el tablero y hoy parece haber un amplio consenso en los partidos oficialistas y de oposición acerca de la necesidad de un nuevo texto. Solo la extrema derecha, representada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, está por mantener la Constitución actual. Juan Pardo, director de estudios de la consultora Feedback, dice entonces que lo que está en juego “es la velocidad de los cambios [constitucionales], porque un cambio tiene que haber”. “Esa fue la voluntad popular expresada en el plebiscito de octubre” de 2020, cuando un 80% de los chilenos votó por reformar la Constitución, dice.
De ganar el apruebo, la izquierda del presidente Gabriel Boric se ha comprometido a moderar y mejorar la propuesta original en aspectos tan centrales como la imposibilidad de que un presidente pueda reelegirse en forma consecutiva. De ganar el rechazo, la derecha ha dicho públicamente que está por superar la actual Constitución que data de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada en decenas de ocasiones por los gobiernos democráticos. “En la centroderecha hay un compromiso de cambio del que no pueden renegar. Y la centroizquierda también se comprometió a moderar sus posiciones”, dice Carmen Le Foulon.
El lunes, Chile emprenderá un camino complejo que desafiará a toda la clase política y a la institucionalidad chilena. El domingo por la noche habrá un país partido en dos que deberá ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir. Especialmente delicada será la posición del Gobierno de izquierda de Boric, que con menos de seis meses en el poder y casi cuatro años por delante tomó la decisión de apostar abiertamente por el apruebo. “En cualquier escenario, el Gobierno tendrá que liderar el cambio a través de los partidos políticos”, dice Axel Callís, “pero si gana el rechazo por mucha diferencia de votos el programa y la legitimidad de Boric estarán en cuestión”. Cualquier sea el resultado en el plebiscito, La Moneda tiene grandes desafíos por delante.
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