CIBanco se encuentra en medio de una batalla legal significativa tras presentar una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La entidad financiera demanda al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), solicitando la anulación de una sanción que, según sus alegaciones, podría llevar a su desaparición inminente. Esta sanción la coloca en el centro de una tormenta de acusaciones que la etiquetan como una “preocupación principal de lavado de dinero” en relación con el tráfico de opioides.
El escrito de la demanda, fechado el 17 de agosto de 2025, sostiene que la orden de FinCEN, que debe entrar en vigor el 4 de septiembre de 2025, fue dictada sin previo aviso y sin permitir a CIBanco la oportunidad de defenderse adecuadamente, lo que representa una violación de sus derechos de debido proceso bajo la Constitución estadounidense.
A mediados de junio de este año, el Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa, como instituciones que podrían facilitar el lavado de dinero. Esto ha desencadenado una serie de prohibiciones sobre ciertas transferencias de fondos implicando a estas entidades, todo con la intención de interrumpir las rutas financieras utilizadas por cárteles mexicanos para mover recursos vinculados al tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.
Las acusaciones, según el comunicado, apuntan a que estas tres instituciones facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles conocidos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo. Estas acciones incluyeron la posibilidad de que un empleado de CIBanco ayudara en la creación de cuentas para miembros de cárteles y el movimiento de enormes sumas de dinero.
Sin embargo, CIBanco defiende su posición en la demanda al afirmar que no ha encontrado registros que respalden tales acusaciones y señala que FinCEN ha rehusado proporcionar detalles adicionales que puedan aclarar la situación. A pesar de que las acusaciones se centran mayormente en las transacciones relacionadas con la compraventa de precursores químicos, CIBanco condena estas afirmaciones como ilógicas y carentes de evidencia coherente.
La demanda también resalta que FinCEN no ponderó adecuadamente el negocio legítimo de CIBanco, así como sus esfuerzos de cumplimiento y anti-lavado de dinero, en los que la institución ha invertido más de 70 millones de dólares a lo largo de siete años. CIBanco señala que, como resultado de las acciones del Departamento del Tesoro, ha sufrido pérdidas significativas en sus relaciones con bancos corresponsales en los EE. UU.; el más reciente notificó que terminará su relación el 21 de agosto de 2025, lo que dejaría al banco sin acceso al sistema financiero estadounidense.
Desde el anuncio de la orden, CIBanco ha experimentado una disminución superior al 90% en sus ingresos por cambio de divisas y ha visto caer más del 40% de sus depósitos totales, poniendo en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos que la entidad administra en fideicomisos, incluyendo fondos de pensiones y ciudadanos estadounidenses.
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda de México ha iniciado un proceso que podría llevar a la transferencia de la división fiduciaria de CIBanco a bancos de desarrollo estatales, un movimiento que, según la entidad, podría causarle un daño irreparable.
La historia de CIBanco es un claro ejemplo de cómo las complejas interacciones entre las instituciones financieras y las regulaciones pueden generar implicaciones profundas no solo para las organizaciones involucradas, sino también para el sistema financiero más amplio.
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