El 25 de junio marcó un año desde que CIBanco se vio envuelta en una grave controversia tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a la institución mexicana de permitir operaciones de lavado de dinero. El impacto fue devastador, llevando a la revocación de su licencia y al inicio de un proceso de liquidación en octubre de 2025.
Como parte de esta liquidación, se estableció un esquema para resarcir a los ahorradores que confiaron en la entidad. Se les garantizaron pagos por un monto de hasta 400,000 Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a más de 3.4 millones de pesos al cierre de 2025. Según el Informe del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se había logrado un avance del 84% en los pagos de depósitos asegurados, con 3,400 millones de pesos de un total de 4,039 millones garantizados ya desembolsados. En total, 13,890 ahorradores habían recibido sus pagos; notablemente, 88% de los ahorradores con saldo excedente a la cobertura también fueron atendidos.
El informe destaca la efectividad de la estrategia de pago implementada por el IPAB. A través de un proceso masivo de comunicación, los ahorradores fueron informados sobre los términos y condiciones para el cobro, facilitando el acceso a sus depósitos mediante transferencias electrónicas a cuentas en otros bancos, eliminando trámites engorrosos.
La liquidación no solo consistió en un proceso de pago a los ahorradores. Conforme avanzaba, el IPAB, actuando como liquidador, tomó el control de la institución y comenzó a desmantelar sus operaciones. En 11 semanas, se gestionó la venta de una parte significativa de su cartera de créditos y se realizó una subasta de 55 sucursales. Estas acciones incluyeron la venta de muebles y equipo, así como la gestión de inversiones en instrumentos financieros, alcanzando acuerdos de pago en el 79.1% de los contratos.
Un aspecto relevante fue la implementación de medidas de austeridad, que resultaron en una desincorporación del 33.6% del personal, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de CIBanco frente a sus acreedores.
A medida que avanza el año, los depositantes aún tienen un plazo de un año, a partir del inicio de la liquidación, para presentar cualquier solicitud de pago en caso de inconformidades con lo recibido. Este caso pone de relieve no solo los riesgos asociados a la confianza en las instituciones financieras, sino también la importancia de mecanismos robustos de protección para los ahorradores, especialmente en momentos de crisis.
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