Un año después de su formación, el Gobierno de amplia coalición de Israel se tambalea tras haber perdido en la noche del lunes una votación parlamentaria clave sobre los asentamientos judíos en Cisjordania. El Ejecutivo está sostenido por ocho partidos que van desde la derecha ultranacionalista a la izquierda pacifista, pasando por una formación árabe islamista. Su intento de prorrogar la vigencia de la legislación “provisional” que extiende desde 1967 los derechos civiles israelíes a los cerca de 450.000 colonos asentados en territorio ocupado fracasó en la Kneset (Asamblea Legislativa) por 58 votos en contra frente a 52 a favor. Los 2,5 millones de palestinos de Cisjordania se hallan sometidos, sin embargo, a la ley marcial. Dos diputados de la mayoría se opusieron y otros cuatro de sus parlamentarios se ausentaron de la Cámara, agravando la descomposición de una coalición que parece tener los días contados.
Si el Gobierno no logra aprobar la prórroga legislativa para los asentamientos antes del 1 de julio, los israelíes que viven en Cisjordania se verán sometidos también a la legislación castrense, y si bien quedarán exentos de cumplir el servicio militar, perderán derechos como la Seguridad Social o los beneficios fiscales. El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió de que “Cisjordania puede convertirse en el Salvaje Oeste”. A pesar de haberse erigido en paladín político de los colonos, el conservador partido Likud, encabezado por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, votó en contra junto con los ultraortodoxos y la extrema derecha con tal de torpedear la estabilidad del Gobierno del primer ministro, Naftali Bennett. En contrapartida, diputados de la izquierda y árabes que rechazan de plano la ocupación respaldaron la norma con tal de impedir el retorno de la derecha ultranacionalista y religiosa al poder.
“Netanyahu y sus amigos han abandonado a los colonos”, acusó el titular de Finanzas, Avigdor Lieberman, quien vive en un asentamiento al sureste de Belén. El ministro de Asuntos Exteriores y arquitecto de la coalición gubernamental, el centrista Yair Lapid, aseguró que el bloque de la mayoría va a retornar con fuerza “en el segundo asalto” (una nueva votación a partir de la semana que viene). “Puede tardar días, semanas o meses, pero, si no se produce un milagro, el destino del Gabinete es desintegrarse”, ha pronosticado, empero, el analista político y columnista de Yediot Ahronot Nadav Eyal.
La legislación que permite vivir a los colonos como si estuvieran en Israel, al margen del régimen de ocupación militar del que ahora se cumplen 55 años, está en la base de las acusaciones de ONG israelíes e internacionales en contra de un sistema de apartheid impuesto por Israel a los palestinos en Cisjordania. Un informe reservado de los diplomáticos de países de la UE en Palestina ya denunció en 2019 la segregación legal de los palestinos, sometidos a “discriminación sistemática” ante un doble rasero de leyes militares y civiles. “Por primera vez, el público israelí tiene ahora la oportunidad de comprender de qué habla el resto del mundo cuando se refiere al apartheid”, concluía este martes el editorial del diario Haaretz. “Esta legislación es la que ha hecho posible la expansión de los asentamientos y la existencia de dos sistemas legales en un mismo territorio”, enfatizaba el diario progresista.
Después de un inicio de mandato con éxitos como el control de la pandemia, el auge de la economía y el deshielo diplomático con países islámicos, la fragilidad de la coalición quedó patente esta primavera durante los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías en Jerusalén en el mes de Ramadán. La autorización de la marcha de decenas de miles de radicales judíos por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja puso de relieve hace poco más de una semana las disensiones internas en el Gobierno. Para evitar las desavenencias, los ocho socios de la coalición decidieron aparcar todo lo relativo a la cuestión palestina, pero la realidad de la tensión cotidiana que genera la ocupación ha acabado por salir a flote.
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