La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve a tropezar con la misma piedra. En medio del deterioro de la seguridad que atraviesa la capital de Colombia, su propuesta de crear un comando policial para combatir los crímenes perpetrados por migrantes no solo se estrelló con la negativa del Gobierno de Iván Duque; también ha provocado un extendido rechazo, incluso entre sus más cercanos aliados políticos, por considerarla una muestra de xenofobia que criminaliza la migración y la aleja de sus credenciales progresistas.
Después de un consejo de seguridad junto a la policía y las autoridades migratorias, la política del partido progresista Alianza Verde anunció este miércoles la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante. Esa idea provocó, entre otras, la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tardó en expresar su preocupación. La CIDH reiteró que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, al culparlas del aumento de los índices de violencia y criminalidad. También urgió a las autoridades colombianas a “adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias”.
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La renovada controversia se produce en momentos en que el Gobierno nacional busca regularizar a cerca de un millón de venezolanos indocumentados –de los más de 1,7 millones que ya se encuentran en Colombia– mediante un estatuto temporal de protección muy elogiado por la comunidad internacional. Bogotá, una urbe de más de siete millones de habitantes a más de 500 kilómetros de la frontera, ha acogido al menos a 340.000 de ellos, una buena parte de esa diáspora que ha salido de Venezuela empujada por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación galopante o, precisamente, la inseguridad en Columna Digital vecino.
Desde la alcaldía se apresuraron en explicar que, más que un comando, se trataba de acciones conjuntas y coordinadas para lograr el registro pleno de migrantes, un paso necesario para hacerles llegar ayudas sociales, además de identificar y procesar legalmente a quienes cometan delitos. La propuesta, en cualquier caso, tuvo una vida fugaz, pues el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien había participado en el consejo de seguridad, la desautorizó al final de la jornada, después de haberse reunido con el presidente Duque.
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Sin el apoyo de Migración Colombia, la propia alcaldesa descartó la creación del comando, aunque lo siguió defendiendo como un paso necesario para identificar y judicializar delincuentes. “Respetamos pero no compartimos la decisión del Gobierno nacional y de Migración Colombia de no querer hacer patrullaje conjunto, en un comando con la Policía Metropolitana de Bogotá, para que podamos en las calles identificar a organizaciones criminales que combinan colombianos y extranjeros para robar, atracar o peor aún matar a nuestros ciudadanos”, declaró este jueves, sin zanjar la controversia.
“Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad, no es la nacionalidad la que explica el delito sino la impunidad porque no se puede identificar y judicializar a cualquier persona que cometa un delito”, matizó. Desde muy diversos sectores le cuestionan una narrativa que insistentemente bordea la xenofobia en un país que ha sostenido contra viento y marea una política de acogida y flexibilidad migratoria sometida a una enorme presión social.
Sus palabras provocaron reacciones incluso de sus aliados. “Comparto esta preocupación. Creo que este no es el camino. Los delincuentes son delincuentes sin importar su nacionalidad”, señaló sobre el mensaje de la CIDH la congresista verde Juanita Goebertus, que llegó a la política electoral de la mano de la alcaldesa. “Querida Claudia López, no puedo estar de acuerdo con esta medida, abiertamente xenófoba. Como colombianos, hemos sufrido más que nadie la discriminación en carne propia. Ojalá reconsideres y centres tus esfuerzos en combatir el crimen, independiente de la nacionalidad”, escribió en sus redes el candidato presidencial Sergio Fajardo, dirigiéndose a quien fue su fórmula a vicepresidente en la campaña del 2018.
