El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba ayer que su equipo trabaja para que la segunda fase de la reforma de pensiones esté lista “en plazo”. Esto significaría que debería aprobarse antes de fin de año para estar en vigor desde 2023. Sin embargo, distintas fuentes de las negociaciones, aseguran que los contactos entre el departamento de Escrivá y los agentes sociales están siendo aún “tanteos bilaterales” y “sin papeles ni documentos de propuestas”.
En teoría, esta segunda fase de la reforma debería incluir un una posible ampliación del número de años que computan para determinar las pensiones de jubilación, en combinación con una mejora de la cobertura de lagunas de cotización. No obstante, parece que estas cuestiones, que defiende el Gobierno, no solo no serían las únicas que se están abordando sino que el diálogo con patronal y sindicatos incluye otros asuntos que para algunos de los actores de la negociación son imprescindibles.
En concreto, el responsable de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, apuntaba ayer durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dos asuntos que en opinión de sindicato deben formar parte indiscutiblemente del “contenido mínimo” de un eventual pacto para la segunda fase de la reforma de pensiones. Se trataría, por un lado, de la eliminación progresiva de los topes de las bases máximas de cotización; y, en segundo lugar, de una reformulación del actual mecanismo de equidad intergeneracional para que pase de ser semiatumático a automatico, tal y como reclama Bruselas a Escriva.
Ambas cuestiones estarían ya negociándose en las conversaciones para la siguiente fase de la reforma de la Seguridad Social. Respecto al denominado destope de bases máxima las partes deberán acordar en cuánto tiempo se acuerda esta eliminación de los topes y si ésta será completa o será solo una ampliación de la masa salarial sometida a cotización.
De momento, desde la Seguridad Social han planteado realizar este destope de forma progresiva a lo largo de 25 o 30 años. Así encima de la mesa hay distintos cálculos. Por ejemplo, desde CC OO estiman que actualmente hay unos 25.000 millones de rentas salariales que no cotizan a la Seguridad Social por superar la base máxima, fijada para 2023 en 4.495 euros mensuales (54.000 euros anuales). Esto significa que la parte de salarios abonados que superen esa cifra no cotizan al sistema.
Según esto, desde CC OO calculan que en la actualidad existen unos 25.000 millones de rentas salariales que no cotizan a la Seguridad Social, mientras que las estimaciones del Ministerio apuntan a una cuantía mayor de alrededor de 35.000 millones ya que incluyen la incorporación en la Seguridad Social de las clases pasivas (el 30% de las bases máximas están en el sector público). Ante estas cifras, ampliar la cotización a estas cuantías supondría incrementos de los ingresos de la Seguridad Social de entre 7.000 y 10.000 millones más cuando se complete este proceso de destope.
Además de este proceso dependen dos cuestiones más. La primera es la puesta en marcha de un nuevo sistema de penalizaciones de la jubilación anticipada para quienes cotizan por base máxima que debe arrancar en 2024. Y, también deberá decidirse cuánto sube la pensión máxima.
En este punto es la patronal CEOE la que exige que las jubilaciones máximas suban en la misma proporción que lo haga la base máxima en dicho proceso de destope.
Junto a este destope, Bravo apuntó a posibles nuevos ajustes automáticos en el gasto en pensiones que se adoptarían ahora para aplicarse en un futuro. Concretamente, el responsable sindical consideró que el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) no sustituye en términos de ahorro de gasto al factor de sostentibilidad que fue derogado recientemente. Por ello, explicó que no solo deberán tenerse en cuenta todas las medidas tomadas en la primera fase de las pensiones sino que habría que “ver si habrá que tomar medidas adicionales” en términos de ajustes de gasto a futuro.
En ese sentido, Bravo se mostró partidario de un sistema completamente automático, en lugar del semiautomatismo que supone el diseño actual del MEI (que prevé una sobre cotización del 0,6% entre 2023 y 2032 para nutrir el fondo de reserva y a partir de ese último año se insta a las autoridades a adoptar las medidas necesarias). Precisamente, Escrivá volvió a admitir ayer que también “los técnicos” de Bruselas le están demandando que dicho mecanismo sea completamente automático.
Esto podría implicar que la recaudación de la sobrecotización no parara en 2032 y que, incluso se diseñara ya en qué momento y como debería ajustarse el gasto. Sin embargo el ministro volvió a restar importancia ayer a esta exigencia de Bruselas y se mostró convencido de que los técnicos comunitarios “se equivocan” con su petición a España. “Nos hemos encontrado con que quienes negocian no empatizan con nosotros (…) y no sé dónde va a llegar esta discusión, pero no es fundamental para la sostenibildiad del sistema de pensiones.
Sin “cláusula de escape”: la subida será de en torno al 8,5
- Revalorización. A pocas semanas del conocerse el dato avanzado de inflación del mes de noviembre, que es el que se utilizará para calcular el promedio anual del IPC de los últimos doce meses con el que se revalorizarán las pensiones en 2023, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá aseguró ayer que la ley no recoge ningún tipo de “cláusula de escape” que ante una situación particular como es la actual crisis inflacionaria permita al Gobierno de manera excepcional no subir las pensiones lo mismmo que lo hagan los precios . Por ello, Escrivá volvió a garantizar que las pensiones subirán alrededor de un 8,5% en enero de 2023, “una décima más o menos”, precisó el ministro,. De hecho, insistió en que aunque la inflación de noviembre sea inferior al 7,3% de octubre, el promedio anual que se toma para revalorizar las pensiones, según dicta la ley, estará “entorno al 8,5%”.
- Próximos cambios. Escrivá anunció también ayer su intención de rediseñar las modalidades de jubilación parcial y activa para incentivar que los trabajadores opten por el retiro gradual, en lugar de pasar de un día a otro de un empleo a jornada completa a no trabajar más.
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