La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) ha tomado la decisión de monitorear el cumplimiento de compromisos planteados por la empresa Gruma durante los próximos diez años. Este acuerdo surge tras la aceptación por parte de la CNA de una propuesta de Gruma, que cierra un proceso legal en el que la compañía enfrentaba acusaciones por crear barreras a la competencia en el mercado de harina de maíz.
Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la CNA, detalló que Gruma deberá presentar informes periódicos a lo largo de la próxima década. Además, se llevará a cabo una evaluación integral de la implementación de las medidas propuestas en un plazo de cinco años. Esta supervisión es crucial, porque implica la eliminación de las obligaciones de exclusividad y consumo mínimo que Gruma imponía a los propietarios de tortillerías mediante contratos, lo que en la práctica restringía su libertad para seleccionar proveedores.
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la obligación de Gruma de ceder máquinas, como tortilladoras y batidoras, a las tortillerías. Estos equipos estarán disponibles a través de comodatos, arrendamientos o financiamientos, lo que permitirá a los propietarios de tortillerías mayor autonomía en sus operaciones. Con esta resolución, Gruma ha evitado la desincorporación de cinco de sus 18 plantas en México, una medida que originalmente había sido recomendada por la Autoridad Investigadora de la antigua Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para restaurar el entorno competitivo.
De acuerdo con la CNA, se estima que entre un 30% y un 40% de los clientes de Gruma estaban sujetos a estas restricciones contractuales. Con las nuevas medidas, se abrirá el mercado, permitiendo que las tortillerías elijan libremente a su proveedor de harina de maíz, lo que promete reducir de manera significativa los costos asociados a la compra del insumo.
La CNA también destacó que Gruma posee actualmente cerca del 70% de participación de mercado en la venta de harina de maíz. La eliminación de los contratos de exclusividad no solo facilitará el acceso a otros proveedores, sino que también podría impactar favorablemente los precios, creando un entorno más competitivo. Marván Saltiel indicó que la apertura del mercado será suficiente para transformar las condiciones de competencia que, hasta el momento, limitaban la capacidad de decisión de los tortilleros.
La evolución de este proceso legal comenzó en noviembre del 2022 con la activación de una investigación, que culminó con un dictamen preliminar emitido en octubre de 2024, señalando la existencia de prácticas que obstaculizaban la competencia en el sector. Ahora, gracias al compromiso de la empresa, se espera un cambio positivo que beneficie tanto a los tortilleros como a los consumidores.
Gruma tiene un plazo de entre 90 y 180 días para definir junto a la CNA los términos de las medidas acordadas, marcando un nuevo capítulo en la dinámica de la industria de la harina de maíz en México. Esta resolución representa no solo un avance en la regulación del mercado, sino también la oportunidad de ofrecer a los tortilleros la libertad que necesitan para operar de forma eficiente y competitiva.
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