La noticia que sacudió el ámbito financiero este jueves fue la intervención gerencial temporal de dos importantes instituciones bancarias en México: CIBanco e Intercam Banco. La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también se documentó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Según el documento, esta intervención se basa en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. Su propósito es sustituir a los órganos administrativos y a los representantes legales de las entidades afectadas con el fin de proteger los derechos de los ahorradores y clientes, especialmente ante las recientes decisiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que podrían afectar seriamente las operaciones de estas instituciones.
El comunicado no sólo expresa la preocupación por el bienestar de los clientes, sino que también reafirma la confianza en la “solidez y resiliencia” del sistema bancario mexicano a pesar de las turbulencias. Sin embargo, el trasfondo de esta intervención revela un contexto alarmante: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente al Departamento del Tesoro de EE. UU., ha señalado a CIBanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa como “fuentes de preocupación principal” en cuanto a lavado de dinero, específicamente relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Como parte de las medidas adoptadas, se han implementado restricciones sobre ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades. El objetivo es cortar las rutas financieras empleadas por organizaciones criminales, en particular los cárteles mexicanos, en sus operaciones vinculadas al tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. El comunicado detalla que estas instituciones facilitaron a lo largo de varios años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, permitiendo, además, financiamiento para la adquisición de precursores químicos necesarios para la elaboración de fentanilo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la gravedad de la situación al declarar que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector no solo están colaborando con el crimen organizado, sino que también están en el epicentro de un problema que ha resultado en el envenenamiento de innumerables estadounidenses. Según Bessent, estos bancos se han convertido en “engranajes clave en la cadena de suministro” del fentanilo.
Este panorama desgarrador resalta el esfuerzo de las autoridades mexicanas y estadounidenses por desmantelar las conexiones financieras que permiten la operación continua de los carteles y la rápida proliferación de sustancias letales. La intervención en estas instituciones no solo es un intento de salvaguardar a los inversores y ahorradores, sino, fundamentalmente, un paso hacia la lucha contra el narcotráfico y sus devastadores efectos en la sociedad.
La información se encuentra actualizada hasta la fecha de publicación original (26 de junio de 2025). Sin embargo, es crucial seguir de cerca los desarrollos en este caso y su impacto en el sistema financiero y en la lucha contra el crimen organizado.
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