La octava colina de Roma, la única que no figuraba en las crónicas antiguas, fue durante décadas un monstruoso vertedero situado en Malagrotta, al oeste de la ciudad. Manlio Cerroni, un polémico empresario conocido como el rey de la basura, gestionó aquel agujero negro donde iban a parar miles de toneladas diarias de residuos. Ahí se vertía cualquier tipo de desperdicio. Daba igual. También, durante un tiempo, importaron poco las denuncias medioambientales y las quejas de la Unión Europea, que comenzaron a apilarse sobre la mesa del alcalde. El 1 de octubre de 2013, el regidor Ignazio Marino la cerró. Y ese día, señalan las crónicas modernas, nació el monstruo.
La política en Roma
Una de las ciudades más complicadas de gobernar, solía hacerse mirando al cielo y poniendo una vela al camión de la basura. Desde hace décadas, la capital de Italia tiene un problema estructural con la recogida de residuos que periódicamente —unas seis o siete veces al año— degenera en una grave crisis como la que vivió hace solo una semana. Una empresa pública mastodóntica, que ha liquidado ocho consejeros delegados en los últimos cinco años, y la falta de instalaciones de tratamiento y almacenaje han creado un agujero difícil de esquivar.
Roma es la segunda ciudad con mayor extensión de Europa, por detrás del Gran Londres. Sus 1.400 kilómetros cuadrados son una superficie casi inabarcable incluso para Ama, una empresa pública con 7.300 trabajadores (los mismos que Alitalia). En la plantilla y la estructura se encuentra uno de los problemas. De todos ellos, el 24% están considerados inhábiles: significa que tienen una leve discapacidad que les impide realizar distintas tareas. El absentismo laboral reconocido por la empresa, además, es del 9%, aunque algunas fuentes lo cifran en hasta el 16%. “Ustedes disparan siempre contra nosotros.
Colapsa el sistema de la basura
La ciudad genera cada día 4.000 toneladas de basura, pero ya apenas cuenta con plantas de tratado de residuos o vertederos para almacenarlos. La semana pasada colapsó el sistema y la basura se amontonaba en los contenedores de la ciudad durante días. Pero esos artefactos verdes son solo el último eslabón de un sistema roto. Los camiones dejaron de recogerla porque no sabían dónde llevarla. Y hubo que buscar otros lugares, tal y como explica a este periódico la nueva concejal de Medioambiente, Sabrina Alfonsi. “Primero hemos tenido que ocuparnos de la emergencia que nos encontramos. Era imposible llevar los residuos de Roma a las plantas de Lazio por distintos motivos —la región de la capital— y de Italia. Y hemos tenido que firmar acuerdos nuevos con Mantua, Lazio, Toscana…”, apunta en conversación telefónica.
El cierre en 2013 del vertedero de Malagrotta y, posteriormente, de otras plantas de tratado de la basura no fueron acompañados de nuevas instalaciones. Virginia Raggi, la exalcaldesa del Movimiento 5 Estrellas, se resistió a hacerlo y prometió acelerar la recogida diferenciada para evitar lo que ella consideraba riesgos medioambientales. En cinco años solo logró hacerlo un punto porcentual (lo dejó en el 46%, prácticamente igual que su predecesor). Y la basura que no se puede meter en ese circuito tiene que llevarse a las plantas de tratamiento mecánico biológico, que separa los materiales. Pero luego es imposible llevarlo a un vertedero a una incineradora.
La única solución
Es pagar sobreprecios para mandar la basura romana de viaje por Italia. O por Europa. Según el último informe Ispra de 2020, la región de Lazio mandó 416.000 toneladas de residuos en 2019. Una parte de ellos terminó en Eslovaquia, Dinamarca, Hungría, Portugal, Alemania y República Checa. Más allá del coste medioambiental de miles de camiones yendo y viniendo, lo que normalmente costaría 60 o 70 euros por tonelada, termina alcanzando precios de hasta 160 euros. De este modo, la tasa de basura de los romanos se convierte en una de las más altas de Italia, con una media de 221,30 euros, frente a la media nacional de 175.
El nuevo alcalde ha hecho una promesa, y para cumplirla solo podrá seguir desembolsando más dinero y buscar acuerdos para que la basura romana viaje por Europa. “Se cumplirá”, señala la concejal Alfonsi. “Pero el plan extraordinario deberá ser ordinario para que no vuelvan las crisis”, insiste. El plan para parar el golpe también recoge un plan de incentivos para los empleados.
Se trata de que renuncien a las fiestas —no a los días libres por descanso— y que no acumulen días por enfermedad. Se les pagaría 360 euros de más entre el 22 noviembre y el 9 de enero. Un premio de productividad, en suma. “Pero en realidad es una extorsión. Se les está pagando a los empleados por un trabajo que ya está remunerado en su salario. Es todavía más extraño cuando los empleados públicos son los únicos que no han sufrido durante la crisis de la covid”, señala un directivo de la Ama que pide anonimato.
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