“Después de que me amenzaran presenté denuncias en la Fiscalía, eso fue finalizando el mes de enero. Hasta la fecha no hay avances en la investigación y la Unidad Nacional de Protección no ha tramitado mi caso, no he recibido ninguna medida adicional de protección. No hay ningún interés por parte del Gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”.
El testimonio es de Emiro Goyeneche, uno de los periodistas con mayor trayectoria e influencia en Saravena, una pequeña ciudad en el departamento de Arauca. Su programa de radio tuvo que salir del aire después de que el 19 de enero un carro bomba estallara, a pocos metros de su emisora. Durante los días siguientes Emiro recibió amenazas de muerte y su nombre apareció en un panfleto firmado por disidentes de las FARC. Otros 15 periodistas también fueron amenazados. En los mensajes les exigían que eliminarán algún contenido o que dejaran de cubrir e investigar algún tema. En otros casos, les ordenaron salir del municipio.
El 5 de mayo, 15 medios de comunicación de diferentes ciudades en los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado decretado por esa organización.
En estas ciudades, dónde no hay suficientes medios locales, basta con que un periodista sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros también se atemoricen y se vean obligados a autocensurarse. Como consecuencia se instala el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía.
Estos no han sido los únicos territorios inhóspitos para la prensa, también lo es la conversación en redes sociales. A principios de abril un equipo de periodistas de los medios de comunicación Vorágine, Cambio y El Espectador publicaron reportajes donde se denunciaban graves agresiones que habría cometido el Ejército en contra de civiles en medio de un operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo. Después de la publicación el candidato a la presidencia Enrique Gómez afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Como consecuencia de estas declaraciones, las y los periodistas que participaron en la investigación recibieron innumerables insultos en Twitter y comentarios amenazantes e intimidantes que los expusieron a un riesgo mayor.
Esta ráfaga constante de ataques, que por momentos parece tratarse de un castigo orquestado, ha tenido como objetivo principal a periodistas. El impacto de las estigmatizaciones, en su mayoría en boca de políticos y funcionarios públicos ha generado un efecto cascada que afecta de manera colectiva al periodismo.
Y, por supuesto, a la ciudadanía. El acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia presentes durante la campaña han afectado gravemente la libre circulación de ideas, creándose obstáculos para que la audiencia pueda acceder a una amplia gama de opiniones y pueda decidir -de manera informada- a qué candidatura entregar su voto.
El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas y también se agudiza por un clima persistente de descrédito. Los esfuerzos que hacen los medios para que la ciudadanía los tenga como un referente confiable son borrados fácilmente por los funcionarios quienes no se sonrojan a la hora de insultar. Un escenario de permisividad que envalentona a todos aquellos que quieren atacar y socavar la imagen de los periodistas.
El Gobierno de Iván Duque se ha comportado como un espectador que no disfruta del espectáculo y decide mirar a otro lado, olvidando su obligación de velar para que la prensa tenga las garantías necesarias para informar de manera libre e independiente.
Jonathan Bock es director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
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